Luego de una “búsqueda minuciosa”, no se halló nada, respuesta al IFAI
Pronunciamiento de diputados tamaulipecos, la única información sobre Acteal en Bucareli
Un comunicado sobre acciones emprendidas por la CNDH, otro de los “datos” con que cuenta Gobernación
Se sugirió a la peticionaria acudir al Archivo General de la Nación
Una solicitud de acceso a la información sobre documentos, informes y comunicaciones referentes a la matanza de Acteal reveló que la Secretaría de Gobernación (SG) sólo cuenta en sus archivos con un pronunciamiento de repudio a los asesinatos de 45 indígenas emitido por la 56 Legislatura de Tamaulipas, en enero de 1998, y un comunicado fechado el 28 de diciembre de 1997, a través del cual la dependencia federal informó sobre acciones emprendidas en torno a los sucesos, en coordinación con otras instancias de gobierno y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Como parte de la respuesta proporcionada por Gobernación –en octubre pasado– a un requerimiento hecho por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), destaca que tanto en la oficina del titular del ramo, como en las diversas unidades que componen la Subsecretaría de Gobierno, se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva, “no encontrándose información alguna sobre ese tema”.
De hecho, internamente se sugirió a Mauricio Razo Sánchez, titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, parte de la misma instancia federal, oruentara a la peticionaria para que se dirija al Archivo General de la Nación para ver si allí obtenía más datos.
Hace dos meses, una ciudadana pidió, según folio 400162707, “copia de los documentos, informes y comunicaciones que tuvo a su alcance quien en 1997 era secretario de Gobernación (Emilio Chuayffet Chemor) y sus sucesores sobre la matanza de Acteal, en diciembre de 1997. Quiero todos los papeles con los archivos que se conservan sobre el tema”, remarcó.
Mercedes Martínez Barrera, coordinadora de Control de Gestión y Relaciones Públicas de Francisco Ramírez Acuña, titular de la dependencia, respondió el 26 de septiembre pasado a Razo Sánchez: “Le informo que después de haber llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la oficina del secretario, se concluye que en los mismos no obra documento o registro alguno que contenga la información requerida por la solicitante”.
Sugirió entonces a su peticionaria canalizar su solicitud a las unidades de enlace de la Subsecretaría de Gobierno, y del Archivo General de la Nación, “quienes (sic) probablemente tengan información al respecto”.
Pero únicamente de la Unidad de Gobierno se envió documentación, y se aclaró que en las de Atención de Organizaciones Sociales y de Enlace Federal, así como en la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, “se realizó una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, no encontrándose información alguna sobre el tema”.
Así que sólo se entregó un oficio remitido por el entonces oficial mayor del Congreso de Tamaulipas Ernesto Meléndez Cantú, el 7 de enero de 1988, en donde se informó a quien durante esa época era secretario de Gobernación, Francisco Labastida, que la “diputación permanente” de la 56 Legislatura de ese estado había aprobado por unanimidad “manifestar su repudio a los hechos que motivaron los trágicos acontecimientos sucedidos el 22 de diciembre (de 1997) en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas”.
Hasta se dio copia simple de la respuesta que al respecto envió a Meléndez Cantú el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Ontiveros Gómez, notificando que “hemos tomado conocimiento del pronunciamiento” hecho por el Congreso tamaulipeco.
Por último, se proporcionaron dos hojas, con el título “Acciones emprendidas por el gobierno federal (sexenio 1994-2000). Comunicado de la Secretaría de Gobernación de fecha 28 de diciembre de 1997”, mediante el cual se informó sobre acciones realizadas en torno a los sucesos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la CNDH.