Justifica la funcionaria el traslado de la comisión que dirige al Inmujeres
No hay impunidad en Juárez en torno a feminicidios, afirma fiscal especial
Niega Pérez Duarte que se busque dar carpetazo a los casos
“Calma, respiremos hondo; es un esfuerzo que puede ser importante para dejar de focalizar a esa ciudad”, señaló
La fiscal especial para Delitos cometidos contra las Mujeres, de la Procuraduría General de la República, Alicia Elena Pérez Duarte, negó rotundamente que el traslado de esta comisión al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) signifique dar carpetazo a los casos de feminicidios en Juárez: “calma, respiremos hondo y profundo. No rechacemos de antemano un esfuerzo que puede ser importante para dejar de focalizar a Ciudad Juárez y atender a todo el país”.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, aseveró que no es atribución del instituto atender un asunto de procuración de justicia, pues con esa transferencia, la Secretaría de Gobernación busca diluir la fuerza de la instancia investigadora para darle carpetazo al asunto.
Entrevistadas en el contexto del ciclo Estado y políticas públicas: los retos desde el género, organizado por el Colegio de México (Colmex), la secretaria ejecutiva del Inmujeres, Liliana Rojero, señaló: “no tenemos ninguna instrucción” del presidente Felipe Calderón o de Gobernación en este sentido; indicó que la única información con la que cuentan es que se trata de un proyecto de decreto.
Pérez Duarte afirmó que la situación en Ciudad Juárez “ha cambiado”, y lo que sucede es un problema “de percepción en el sentido de que hay impunidad, cuando la realidad no es así”.
Insistió en que la violencia contra las mujeres no sólo es un problema que ocurre en Juárez sino en todo el país y, desde esa perspectiva, a quien le corresponde “transversalizar las políticas públicas federales” en contra de la violencia a este sector es a Inmujeres, por lo que respaldó el traslado de la comisión.
De manera que “antes de quejarnos” –en referencia a la denuncia de organizaciones en el sentido de que en realidad se busca la desaparición de dicha instancia– hay que ver cómo se transfiere. Es decir, “si pasa con facultades y con obligaciones determinadas y precisas, no tiene por qué darse carpetazo”.
Pero cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que el traslado no ocurra como ella lo define, sólo insistió en que es necesario esperar y no adelantarse. Por otro lado, consideró que es un gran avance la detención de cuatro militares que violaron a sexoservidoras en Castaños, Coahuila, en julio de 2006: “En una situación de no guerra o de guerra nunca, en el mundo, se habían detenido” a militares, quienes ahora cumplen sentencias de 41, 32, 28 y 23 años. Además, subrayó que todavía “faltan otros” por ser castigados.
Informó que hasta el momento hay cuatro consignaciones en la fiscalía que dirige, dos de las cuales son por violaciones cometidas por funcionarios públicos federales. En un caso, a una usuaria de servicios de salud y, en el otro, a una alumna del Instituto Politécnico Nacional. Las otras dos consignaciones son por hostigamiento sexual de servidores de la Comisión Federal de Electricidad.
Al contratio de la funcionaria, la diputada perredista Maricela Contreras manifestó que en Juárez se debe establecer la alerta de género porque, como ella lo define, se trata de un problema de seguridad nacional, por lo que a la fiscalía, lejos de restarle fuerza, se le deben dar más atribuciones.