Editorial
Tabasco: despliegues para nada
La oficina de la Estrategia Internacional de reducción de Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés) de la ONU confirmó ayer lo que todo mundo sabe: que habría podido evitarse la tragedia en la que se encuentran sumidos Tabasco y parte de Chiapas por las gravísimas inundaciones y las salidas de cauce de los ríos de la región. La dependencia de Naciones Unidas ni siquiera se refería a la no realizada construcción de obras de regulación hidráulica para la que se destinaron presupuestos que ahora no aparecen por ningún lado: habló, simplemente, de la falta de un sistema de alerta temprana: “Las inundaciones son uno de los peligros naturales más anunciados, esperados y fáciles de predecir, y sin embargo no se hace lo suficiente para preparar y proteger a los pobres, los más afectados por esos fenómenos; los pobres tienen menos posibilidades de adaptar sus condiciones de vida antes y después de las inundaciones, y con frecuencia se ven obligados por las circunstancias a vivir en zonas de alto riesgo”, señaló Salvador Briceño, director de la ISDR.
El deficiente sentido de responsabilidad de las autoridades federales –a las cuales corresponde la administración de los recursos hídricos y de las cuencas hidrológicas– y de las estatales es, pues, una causal directa de la catástrofe en la que se encuentran un millón de tabasqueños, por más que el discurso presidencial asegure que la culpa es del cambio climático, y aunque el gobernador Andrés Granier pretenda exculparse aseverando –en lo que constituye una verdad a medias– que la Federación falló en la realización de obras hidráulicas para evitar la inundación de la capital tabasqueña. Para ponderar la disfuncionalidad gubernamental, basta con recordar que cuando las calles de Villahermosa todavía estaban secas, el gerente de la hidroeléctrica Peñitas, Luis Martínez Ramírez, advirtió sobre la posibilidad de que el desfogue de la presa inundara la capital tabasqueña en un plazo de 20 horas. Tres días más tarde, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se limitó a observar, con su sintaxis peculiar, que “el evento nos rebasó a todo el mundo”.
A la ineptitud y a la presumible corrupción previas a la catástrofe se suma la manifiesta incapacidad de las autoridades para manejar una situación que, en efecto, desbordó a los tres niveles de gobierno y que ha degenerado en un caos: hasta el momento se carece de un padrón de damnificados, de una cifra confiable de desaparecidos, de un reparto eficiente y equitativo de la ayuda, por lo demás masiva, que la sociedad ha canalizado a la entidad en desgracia; el rescate de personas atrapadas se lleva a cabo sin plan ni orden alguno y la presencia en el sitio del jefe del Ejecutivo federal es percibida por muchos de los afectados como un mero aprovechamiento mediático de la desgracia, porque, lejos de poner orden, los viajes a Tabasco de Felipe Calderón Hinojosa han servido para exhibir la descoordinación y hasta los encontronazos entre la Federación y el estado. Posiblemente a eso se refería Calderón cuando pidió “dejar a un lado las discrepancias y los intereses parciales para (...) salvaguardar a la población de Tabasco”.
El hecho es que tanto las autoridades federales –la Secretaría de Gobernación, las comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua– como las estatales se han guiado, en lo que concierne a los riesgos hidrológicos que se cernían sobre aquella entidad, precisamente por una suma de “intereses parciales”, entre los que no figuró nunca la preocupación por salvaguardar la integridad y los bienes de los pobres, que son, como siempre, los principales afectados.
Como ocurrió tras el terremoto de 1985 en la capital de la República, las autoridades responsables han reaccionado con una inepcia exasperante. Hasta los gobiernos de otras entidades se han comportado con mayor pertinencia, agilidad y lucidez para socorrer a los damnificados tabasqueños. La sociedad civil, por su parte, no ha escatimado esfuerzos para acudir en ayuda de los afectados. Cabe esperar que mantenga el empeño durante los amargos meses que aún les esperan a los habitantes de las áreas inundadas y que supla, con su organización y su solidaridad, como ocurrió en el Distrito Federal hace 22 años, la inoperancia de los gobernantes, ensimismados en sus grandes despliegues mediáticos que, en rigor, no sirven para nada.