Número 136 | Jueves 1 de noviembre de 2007
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Director: Alejandro Brito Lemus

Una vez más, está en manos del Congreso la inversión para combatir el VIH/sida. Los recursos planteados en el proyecto de presupuesto para 2008 no cubren lo necesario para cumplir con los compromisos internacionales en la materia, incluyendo la realización de la Conferencia Internacional de Sida. En este reportaje un panorama sobre la discusión presupuestal.

Por Fernando Mino

El presupuesto destinado al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) para 2008 disminuirá en 2.6 por ciento en términos reales en comparación al recibido este año. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla una partida de 163 millones de pesos para la institución encargada del control de la epidemia de VIH en nuestro país. Apenas tres millones más de lo recibido en el 2007, que se convierten en 157 millones de pesos reales al tomar en cuenta la tasa de inflación.

El monto destinado a la compra de condones disminuye de 15.4 millones de pesos invertidos este año a sólo cinco millones programados para el siguiente, lo que significa que se dejarán de distribuir 20 millones de condones en 2008. “En prevención del VIH, caminamos como los cangrejos, hacia atrás”, afirma Arturo Díaz Betancourt, vocal representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Conasida), al señalar que para ir equilibrando el déficit de uso de condones para prevenir el VIH se necesitará distribuir un mínimo de 80 millones de condones el próximo año, lo que requiere de una inversión de 40 millones de pesos. “Los programas ligados a cumplir las Metas del Milenio no deben sufrir recortes, por el contrario deben incrementarse”, señala Díaz Betancourt, al referirse a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país para reducir los índices de mortalidad materna, de incidencia del VIH y de mortalidad infantil para 2015.

Además, el PPEF no contempla ningún recurso etiquetado para apoyar la realización de la XVII Conferencia Internacional de Sida, evento en el que participan más de 20 mil personas de todo el mundo, y que se realizará en agosto de 2008 en la ciudad de México. De acuerdo con la diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la inversión requerida con ese fin es de alrededor de 100 millones de pesos.

Medicamentos fuera de la lupa
Lo invertido en medicación antirretroviral se ha perdido desde hace algunos años del ojo ciudadano, el rubro está incluido desde 2006 en un fondo “de gastos catastróficos” del Seguro Popular, que cubre varias enfermedades. Lo único que dice la estrategia programática del PPEF es que en 2008 se medicará a 23,900 personas positivas al VIH  que no cuentan con seguridad social.

El fondo citado del Seguro Popular contará en 2008 con más de cinco mil millones de pesos, de los cuales, se estima, cuando menos 1,400 millones se destinarán a la compra de medicamentos para tratar el sida. Pero si el monto para ese fin no aparece etiquetado en el presupuesto federal, mucho menos el que se requiere para exámenes de laboratorio y para tratar las enfermedades oportunistas asociadas al sida. La suma total necesaria para garantizar la atención integral del sida se calcula en 2,022 millones de pesos. “Si no se incluyen exámenes clínicos para monitorear la enfermedad y medicamentos contra la tuberculosis, el citomegalovirus, y otros padecimientos oportunistas, se desperdiciará el presupuesto invertido en atención”, advierte Arturo Díaz, también coordinador de la Red Mexsida, organización civil dedicada a la vigilancia ciudadana en materia de VIH/sida.  

El ejercicio del fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular no es conocido ni por los propios legisladores que aprobarán sus recursos. “Ha sido una demanda constante del Congreso abrir a la fiscalización esos recursos”, comenta la diputada Maricela Contreras.

Asociaciones civiles dedicadas a la vigilancia de los presupuestos públicos señalan la necesidad de transparentar el ejercicio del gasto dentro del Seguro Popular. “Sería muy bueno que la sociedad civil conociera con anticipación el monto de lo propuesto para medicamentos antirretrovirales para estar en condiciones de proponer y replantear cómo hacer mas eficiente el gasto público”, apunta Patricia Campos, médica especialista en VIH, representante para América Latina de la organización civil internacional Aids Healthcare Foundation.

El gran problema continúa siendo el alto costo del tratamiento antirretroviral, aproximadamente 75 mil pesos anuales por paciente, que provoca que la inversión en VIH/sida se cargue a la atención en una proporción de 10 a 1 respecto de la prevención. “La inversión en prevención es absolutamente insuficiente y desequilibrada con respecto al gasto en medicamentos. Esto no nos permitirá detener el crecimiento de la epidemia, al contrario, va a contribuir a que el gasto en antirretrovirales sea insostenible en poco tiempo”, advierte Patricia Campos, ex titular del Coesida de Jalisco, y ahora dedicada a abogar porque la industria farmacéutica reduzca el precio de los medicamentos antirretrovirlaes como la única manera de lograr la sustentabilidad a largo plazo del acceso universal a los tratamientos antirretrovíricos.  

Ampliaciones en puerta
Algunas organizaciones civiles especializadas en el cabildeo, han hecho llegar a las comisiones de Salud y de Equidad de Género de la cámara baja, sus propuestas de ampliación del presupuesto para el VIH/sida. La propuesta enviada por la Red Mexsida, propone una ampliación de 292 millones de pesos para el presupuesto destinado a Censida “con el objeto de incrementar la distribución de insumos de prevención, la aplicación de pruebas rápidas de detección, las campañas en medios de comunicación, las acciones dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo de infección y la realización de la primera encuesta nacional sobre sexualidad”.

Esa suma también contempla 100 millones de pesos para apoyar la realización de la Conferencia Internacional de Sida en México. “Planeamos hacer una ampliación del presupuesto para Censida, es una de las prioridades de Equidad y Género”, señala la diputada Maricela Contreras. Y de acuerdo con la legisladora, las negociaciones al respecto van por buen camino.

Indicadores para la prevención
Sumado a la necesidad de recursos, también se hace cada vez más necesaria una completa rendición de cuentas y una garantía de que los recursos serán gastados de forma adecuada. En ese sentido, hay avances, pequeños, pero que pueden verse como una buena perspectiva. Por primera vez, el presupuesto federal cuenta con indicadores del desempeño, “bajo una lógica para resultados”, según se expone en el PPEF. Esto implica que cada uno de los programas e instancias que recibirán recursos deben plantear objetivos concretos que permitan luego ser contrastados con los resultados para medir el desempeño. Se trata, sin duda, de un avance muy positivo, “que abre la puerta de la rendición de cuentas y la exigencia para lograr mejores resultados”, según el investigador Sergio Bautista, de la Dirección de Economía del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Sin embargo, señala, el diseño de indicadores que midan de manera adecuada lo que se desea medir tomará tiempo.
 
Para la prevención del VIH/sida, el indicador de desempeño propuesto es  “El porcentaje anual de proyectos de prevención financiados dirigidos a poblaciones vulnerables”. La instancia responsable de cumplir la meta es el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

Para Fundar, organización especializada en el monitoreo del presupuesto público, el conjunto de los indicadores de desempeño del PPEF es “limitado e inadecuado” y el de Censida es un ejemplo de ello, pues el organismo encargado del control de la epidemia del VIH en nuestro país será incapaz de dar seguimiento a la utilización del total de los recursos. Poco más de 54 millones de pesos del presupuesto para el VIH/sida serán ejecutados por los institutos nacionales de salud. Para Gabriel Lara, integrante de Fundar, esta situación muestra la falta de cuidado con que se elaboraron los indicadores de desempeño de la prevención del VIH/sida. “Los hospitales que recibirán esos recursos etiquetados no lo van a destinar en su totalidad a financiar proyectos de prevención dirigidos a poblaciones vulnerables. Valdría la pena establecer mecanismos para monitorear las formas en que gastan los recursos públicos los institutos nacionales de salud”, señala.

Es claro que el objetivo de la prevención del VIH es evitar nuevas infecciones, algo muy difícil de medir en el corto plazo. Por tanto, afirma el investigador Sergio Bautista, la clave es encontrar otros elementos mensurables y relacionarlos con esa meta. Que se atienda a grupos vulnerables es un indicador útil, pero no es el único. Para Bautista, una medición del desempeño adecuada debe tomar en cuenta tres ejes: qué se hace, hacia dónde se dirige y cómo se realiza. “Hay dos aspectos importantes que ignora el indicador propuesto para Censida: las intervenciones específicas, (¿hay evidencia de su efectividad o no?), y la eficiencia técnica (la forma en la que se realizan las intervenciones), lo que también implica costos”.

Ambos especialistas coinciden en señalar que se trata de un primer paso en la rendición de cuentas y para abrir la discusión de cómo se puede mejorar la eficacia del uso de los recursos públicos. En dicha discusión, es indispensable el involucramiento de la sociedad civil y de los centros de investigación.