Número 136 | Jueves 1 de noviembre de 2007 Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER Directora general: CARMEN LIRA SAADE Director: Alejandro Brito
En el estira y el afloje de la negociación de los presupuestos públicos de salud, las organizaciones civiles, especializadas en la vigilancia ciudadana, han luchado durante años porque el proceso de discusión y asignación final de las partidas sea lo más transparente posible. Algunos de los cuantiosos montos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como el destinado al llamado Seguro Popular, no están etiquetados, es decir, no se menciona hacia dónde se dirigirá cada peso de los miles de millones proyectados, lo que se presta a un ejercicio discrecional del gasto. Una de las lecciones civiles aprendidas del proceso de cabildeo del presupuesto federal de egresos, es que no basta con logar el aumento de una partida presupuestal destinada, por ejemplo, a la compra de tratamientos contra el sida o a programas destinados a la salud de las mujeres. Ese es sólo el primer paso, el siguiente es realizar un proceso de vigilancia y observación ciudadana para verificar que el ejercicio de esos cuantiosos recursos públicos se haga con transparencia y eficacia. Máxime cuando estamos ante una tendencia ascendente del gasto público, como en el caso del VIH/sida, cuyo monto en tratamientos sobrepasa los tres mil millones de pesos y asciende cada año en varios cientos de millones. El exigir rendición de cuentas públicas es un derecho ciudadano aún muy poco valorado. La mayor representatividad y participación ganada por la sociedad civil organizada en la toma de decisiones en materia de políticas públicas de salud sexual y reproductiva debe extenderse al campo del ejercicio presupuestario. El haber logrado la aprobación de una partida presupuestal para los tratamientos y la prevención del VIH/sida es una conquista de la sociedad civil, su ejercicio eficaz y transparente es una responsabilidad de las autoridades que debe ser monitoreada.