Documenta el regidor Agustín Osorio las operaciones para autorizar el proyecto Puerto Cancún

Autoridades de Cancún y Fonatur favorecieron depredación ecológica

Otorgan a inmobiliaria cambios de uso de suelo y permisos para construir torres de 20 pisos frente al mar

El gobierno local cedió facultades a comisión mixta que aprobó los planes, considera

Hugo Martoccia (Corresponsal)

Cancún, QR, 31 de octubre. El gobierno de Benito Juárez (Cancún) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizaron de manera irregular, sin contar con la aprobación del cabildo, cambios de uso de suelo y liberaron de condicionantes ambientales al proyecto Puerto Cancún, el principal desarrollo condominal que actualmente se levanta frente al mar en esta ciudad, promovido por el propio Fonatur.

Esas autorizaciones permitieron la construcción de torres de 20 pisos frente al mar, algo no contemplado en los planes originales del proyecto, así como la destrucción total de la zona de manglares en 272 hectáreas, de acuerdo con un dictamen realizado por una comisión del cabildo de Benito Juárez designada para investigar el caso, que fue presentado en el pleno de ese organismo.

Las modificaciones irregulares a usos de suelo en favor de la empresa Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún fueron realizadas por una comisión mixta, creada en 2000 por el ayuntamiento, y que comenzó a funcionar en 2005, concluyó el dictamen.

Dicha comisión mixta se integra por regidores, autoridades del ayuntamiento que encabeza el alcalde priísta Francisco Alor, del Fonatur y de los propios dueños del proyecto, lo cual viola la Ley de Municipios del estado.

La comisión investigadora consideró en su resolución que dichos cambios fueron irregulares, porque el cabildo es el único autorizado para realizar esa clase de modificaciones a un plan maestro.

Esa comisión está compuesta por la regidora priísta Delia Alvarado y el edil del Partido Verde Ecologista de México Geovani Gamboa, quienes no consideraron que el asunto fuera “muy grave”, así como por el perredista Agustín Osorio, quien presentó un dictamen aparte.

En su conclusión, Osorio acotó que las autorizaciones irregulares permitieron la construcción de canales en la zona, y el proyecto reclasificó los lotes de tal manera que en donde antes había construcciones de baja densidad, ahora se erigen torres de 20 pisos.

La comisión mixta que aprobó estos cambios se instaló el 13 de junio de 2005, dos meses después de que inició la administración de Alor, y quedó conformada por el regidor Mario Machuca, del PRI; Alain Ferrat, del Verde Ecologista; el director de Desarrollo Urbano local, Heyden Cebada; la directora de Ecología, Reyna Gil; el Fonatur y un representante de Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún.

Esa comisión aprobó, el primero de agosto de 2005, “la relotificación y las adecuaciones a las densidades de algunas superficies de lotes” del proyecto original, y el 16 de agosto de ese mismo año autorizó un nuevo plano sobre el total de la superficie (272 hectáreas) “con el objeto de constituir un régimen de condominio”.

En las conclusiones que Osorio presentó ante el pleno del cabildo la noche de este martes, dijo que de una mezcla de usos de suelo originales, que preservaba la zona urbana y ambientalmente, se decidió por un solo uso, turístico condominal, con espacios de muy alta densidad de construcción.

A esos espacios se les asignó la polémica clave Turística Hotelera Especial, que permite edificios de 20 niveles y 200 cuartos hoteleros por hectárea, algo prohibido en el plan original.

Esa clave, que según grupos ecologistas ha puesto en peligro el equilibrio ambiental y urbano del municipio, fue aplicada por la administración de Francisco Alor, y con ella se han autorizado proyectos en toda la costa de Cancún.

El dictamen concluye que las atribuciones que se otorgó la comisión mixta para realizar esas modificaciones al plan original, “implica la renuncia de las facultades del ayuntamiento en pleno en favor y en provecho” de esa comisión, y consideró la decisión como “una aberración política y jurídica”, pues el organismo se atribuyó funciones que la Ley de Municipios del estado, en su artículo 66, confiere sólo a los ayuntamientos.

Manglares devastados

El dictamen de la comisión especial también encontró que desde 2000, el proyecto Puerto Cancún logró el apoyo del gobierno municipal, entonces en manos de la priísta Magaly Achach, para no cumplir totalmente condicionantes ambientales.

El 3 de octubre de ese año el ayuntamiento resolvió en favor de Fonatur, que empezó a promover el proyecto desde 1991, un recurso de revisión para realizar el desmonte del predio “libre de toda condicionante”, sin pago de cuota o impuesto municipal alguno.

Agustín Osorio dijo que lo más extraño es que el recurso de revisión fue presentado sólo un día antes, y se resolvió en apenas 24 horas.

El resultado fue que al momento, las 272 hectáreas del proyecto están devastadas ambientalmente. Además, un área de 74 hectáreas de mangle, que debían ser reservadas, no se han conectado con la laguna Nichupté, lo cual garantiza una pronta muerte del entorno.

Finalmente, la comisión especial detectó que los desarrolladores no han realizado aún la donación al ayuntamiento de 32 hectáreas que la Ley de Fraccionamientos del estado exige.

La comisión especial investigadora pidió al cabildo que los cambios de uso de suelo y lotificación, así como los aspectos ambientales y la donación de tierras sean tratados ante el pleno del organismo, para que éste apruebe o deseche cada asunto.

El tema quedó en manos de la Comisión de Desarrollo Urbano del cabildo, dominada por regidores afines al alcalde Francisco Alor. Además, el mal ya está hecho, porque los cambios realizados de manera irregular en el plan maestro permitieron que se comenzaran a construir frente al mar las torres de 20 pisos.