Los procedimientos oficiosos, factor de especulación en el instituto
Atorada, la indagatoria de 281 mil espots: IFE
La inminente salida de algunos consejeros gravita en la investigación
Originalmente programadas para concluir en agosto, las investigaciones en torno a los 281 mil promocionales de campaña no reportados por los partidos se han convertido en un factor de especulación en vísperas de la definición del relevo de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Entre la radicalización del discurso de una parte de los funcionarios electorales y la opción de optar por una vía menos confrontada con las organizaciones políticas, la indagatoria deberá esperar algunos meses.
En días recientes, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Andrés Albo, equiparó las investigaciones con las de Amigos de Fox y Pemexgate, postura que se asociaba a la propuesta de apelar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a los consorcios de radio y televisión que no han entregado la información de sus contratos a remitirla por la vía judicial.
Existen otras propuestas para dar salida al impasse que ha significado la falta de entrega de la información, y que sugieren acudir a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, ruta que reduciría la confrontación con los partidos en tiempos en que éstos tienen la decisión de definir quiénes son los consejeros que concluirán su gestión en unas cuantas semanas.
La intencionalidad de las posturas en torno a los 281 mil espots no parece ser ajena a la definición del futuro inmediato de los consejeros.
Otro factor que podría incidir en el rumbo de las investigaciones son los recursos interpuestos por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal) contra la fiscalización de sus informes de campaña y, en especial, contra la apertura de los procesos oficiosos asociados a la indagatoria de los 281 mil promocionales.
Ambos partidos han cuestionado esta ruta porque su origen surge de errores graves –dicen– del monitoreo elaborado por el IFE. Durante la fase de fiscalización de los informes, el instituto nunca les informó sobre los 47 mil espots –en el caso del PRD– que presuntamente no habían sido reportados.
La decisión de iniciar los procedimientos –se argumenta en el recurso que analiza en la actualidad el TEPJF– es indebida, pues sólo busca ampliar los plazos de investigación de la comisión y subsanar sus ineficiencias, al tiempo que pretende arrojar la carga de la prueba a los partidos, dejando de lado las inconsistencias del monitoreo.
“En ningún momento impugnamos o pretendemos cuestionar las facultades de investigación con que cuenta el IFE”, señala un documento del PRD; lo que se critica, dice, es la falta de legalidad de la ruta utilizada por el instituto.
En días pasados, ese partido entregó una carta al consejero presidente Luis Carlos Ugalde solicitándole una “confronta pública” de los promocionales presuntamente no reportados, al tiempo que se agilicen las investigaciones. En la lógica perredista, el tema de los procedimientos oficiosos, además de buscar amparar las ineficiencias de fiscalización, se ha manipulado abiertamente en función de la reforma electoral y, sobre todo, de la remoción de consejeros.
Nueva Alianza también ha impugnado la ruta utilizada por la Comisión de Fiscalización para indagar los promocionales vía los procedimientos oficiosos.
Las investigaciones sobre los 281 mil espots serán, sin duda, la herencia más pesada para los nuevos integrantes del Consejo General. Será la primera confrontación que tengan con los partidos políticos en un contexto en el que la creación del nuevo órgano modificará sustancialmente la forma de fiscalizar.
Cuando se determinó optar por el camino de los procedimientos se aseguró que estas indagatorias concluirían en agosto pasado, junto con los informes de gastos ordinarios. Casi dos meses después, el IFE sigue a la espera de la respuesta de los oficios remitidos a los medios de comunicación para que entreguen información sobre facturas y pautajes. Es apenas el primer paso, que ha encontrado dificultades en varias empresas, lo que ha dividido las posibles rutas para allegarse información.
Para el PRD no hay resquicio legal posible para involucrar al tribunal electoral. En el caso de Amigos de Fox, los magistrados intervinieron en apoyo del IFE a partir de un recurso interpuesto por el sol azteca, cuestionando la falta de exhaustividad en la investigación.
Andrés Albo, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha sostenido que se analiza la vía legal para lograr el apoyo del TEPJF en aras de profundizar las investigaciones de estas irregularidades, que ha comparado con Amigos de Fox y Pemexgate por el monto involucrado, estimándose que los 281 mil promocionales representan 30 por ciento de la publicidad electoral de las campañas.
Sin embargo, su postura no ha generado consenso en la Comisión de Fiscalización, pues algunos miembros han puesto en duda que las motivaciones reales del endurecimiento del discurso sean realmente ir al fondo de las indagatorias y señalan que están más asociadas a los tiempos políticos de la reforma electoral.
Y así, en medio de la descomposición del ambiente interno en la actual integración del Consejo General del IFE, el saldo más importante que prevalece de la elección pasada no parece que vaya a tener una solución a corto plazo.