Silencio de la Iglesia católica ante sacerdotes que ayudaron a la represión militar
Suspenden actos de campaña presidencial por el asesinato de tres policías argentinos
Buenos Aires, 20 de octubre. Varios actos de campaña fueron suspendidos hoy, a una semana de los comicios presidenciales, ante la conmoción provocada por el asesinato de tres policías, el viernes en una planta de telecomunicaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se interpretó como un “crimen mafioso” que quiso “afectar la institucionalidad”, enturbiar los comicios y castigar la política de derechos humanos del gobierno.
El presidente Néstor Kirchner suspendió actos de proselitismo y viajes previstos al interior del país, y lo mismo hicieron los candidatos Elisa Carrió y Fernando Pino Solana, que tenía previsto hacer campaña en la provincia de Buenos Aires.
El gobernador bonaerense, Felipe Solá, acudió al velatorio de los policías asesinados y afrontó reclamos de justicia y defensa de los derechos humanos de policías.
El país vive bajo los efectos de campañas mediáticas y la inseguridad es un tema que los políticos utilizan para exacerbar los ánimos. Detrás hay intereses de quienes no desean que termine la impunidad y en la provincia de Buenos Aires hay centenares de ex policías con fuertes contactos en los cuerpos uniformados, que pueden crear un ambiente amenazante.
Algunos medios se han encargado de difundir la idea de que los organismos de derechos humanos protegen a la delincuencia, acción de guerra sucia informativa que puede traer graves consecuencias. Eso se ve favorecido por las actitudes de una oposición que condenó el crimen pero que también lo usa para acusar al gobierno.
Entre ex policías bonaerenses y ex militares hay malestar por los juicios que llevaron a la condena de Miguel Etchecolatz, ex comisario de la provincia de Buenos Aires, y del sacerdote Christian von Wernich, ex capellán de esa institución, comprometida en la represión de la pasada dictadura.
La situación ha sido tan grave que en cierto momento se procedió a allanar una cárcel donde están recluidos éstos y otros condenados y procesados, que estaban siendo ayudados por personal penitenciario.
Las autoridades tomaron esa decisión al sospechar que desde la prisión habían salido mensajes ligados con la desaparición –en septiembre de 2006– de Jorge Julio López, el albañil que fue testigo clave en el juicio contra Etchecolatz.
Detrás de todos estos hechos está esa gran sombra del pasado dictatorial, señalan los organismos humanitarios. Eso se agrava cuando la cúpula de la Iglesia católica parece alejada de la necesidad de romper con la impunidad ante los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (1976-1983).
La alta jerarquía eclesiástica guarda aún sorprendente silencio sobre medidas que tomará con relación al sacerdote Von Wernich, condenado a prisión perpetua por asesinatos, torturas y delitos de lesa humanidad, en momentos en que otro religioso, Federico Gogala, fue señalado en casos de robo y distribución de niños nacidos en cautiverio, en el pasado gobierno de facto.
Gogala, ex capellán del ejército y actual vicario de la iglesia de San Miguel, fue denunciado por una enfermera y una monja como el “padre” que veía a las embarazadas, “desnudas y con los ojos vendados”, en el hospital de Campo de Mayo, donde funcionó una de las maternidades clandestinas.
Esto ocurrió durante el periodo en que más de 500 niños fueron arrancados a sus madres, antes de ser asesinadas y desaparecidas en distintos centros clandestinos.
El hilo de la trama siniestra surgió a partir de que la nieta número 88, Belén Altamiranda Taranto, fue encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo, y cuya madre, Rosa, fue llevada desde el centro clandestino de detención El Vesubio a Campo de Mayo para que diera a luz a su hija. Rosa tuvo a su hija con una capucha en la cabeza, pero logró ver un “hábito como de monja”, que pudo comentar antes de su desaparición.
La niña fue entregada a una familia del Movimiento Familiar Cristiano, grupo de laicos que aún existe. En una reconstrucción de estos casos, Victoria Ginzberg recuerda en el diario Página 12 que en esa maternidad clandestina habrían sido robados entre 20 y 30 niños recién nacidos. Testimonios de una enfermera y una monja hablan también de niños mayores que pasaron por allí, plagiados junto a sus padres.
La enfermera que denunció a Gogala ante la justicia trabaja en ese hospital desde 1971 y estuvo destinada durante la dictadura al área de epidemiología, señalada como el lugar adonde llevaban a las parturientas.
También allí permanecían detenidos los que “siempre estaban encapuchados”, dijo la enfermera, y que las mujeres entraban embarazadas y salían sin sus hijos. Ella debía atenderlas y aplicarles una inyección para cortar la lactancia; transcurridos unos días, la enfermera no las veía más.
La trabajadora señaló que Gogala sabía lo que pasaba en aquel tiempo, lo que también confirmó una monja que se presentó hace un mes ante la justicia y estuvo en ese siniestro lugar entre 1974 y 1983.
“Es irrefutable que Gogala sabía de la existencia de mujeres detenidas en forma clandestinas, que estaban en el hospital por sus embarazos”, sostuvo Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.