Son necesarios mecanismos correctivos, como la capacitación, afirma consejera del IFE

Con evaluación rezagada, funcionarios electorales obtienen altas calificaciones

Fabiola Martínez

En el Instituto Federal Electoral (IFE) nueve de cada 10 funcionarios obtienen calificaciones casi perfectas respecto de su desempeño, pero ello no significa que todos aquellos que organizan los procesos electorales sean sobresalientes, sino que el método para evaluarlos se encuentra rezagado.

Con la estructura de medición actual “podemos decir si un funcionario es el número 31 de 32, pero resulta que (aquellos) tienen formalmente calificaciones superiores al nueve. Entonces, tenemos que bajar la curva para que, efectivamente, las calificaciones sean representativas del desempeño que se está midiendo”, advirtió la consejera Lourdes López Flores, presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

De acuerdo con cifras internas del organismo, 89.9 por ciento de los funcionarios electorales (incluidos aquellos que desempeñan labores administrativas) mantienen un nivel sobresaliente, al obtener calificaciones mayores al nueve.

Pero con el paso del tiempo, el sistema de evaluación sólo provoca –en opinión de la consejera López Flores– que estos servidores públicos se queden, como producto de la realización de sus funciones de manera mecánica, en una zona de confort, tranquilidad y, eventualmente, de “atrofia”.

“Evidentemente, hacen la misma actividad (por mucho tiempo) y saben qué es lo que se va a medir, (mientras que) los indicadores no han ido demandando otros niveles u otras habilidades”, indicó.

Las líneas de evaluación de desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral incluyen aspectos generales para el cumplimiento de metas, así como objetivos enmarcados dentro de la legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo, entre otros factores que deben cumplir los funcionarios del instituto.

Cabe precisar que los consejeros electorales, incluido el todavía presidente, Luis Carlos Ugalde, no son evaluados con el sistema que se aplica al resto de los servidores públicos del organismo, aunque deben presentar informes respecto de sus actividades.

“Es importante tener claro –agrega la presidenta de la comisión que vigila los procesos de admisión y evaluación al personal electoral– que los consejeros estamos obligados a la rendición de cuentas, como cualquier servidor público; no obstante, no es indispensable un mecanismo conductista de ‘una buena zanahoria ante una buena calificación’ para que las cosas se hagan bien”.

En ese contexto, de la ausencia de un sistema de evaluación que incluya a los consejeros, los legisladores determinarán –con base en sus propios métodos y criterios– el orden en la sustitución escalonada de los propios consejeros.

Como se sabe, un artículo transitorio de la reforma electoral próxima a entrar en vigor establece que el primero en dejar su cargo –junto con dos de sus compañeros del Consejo General del IFE– será Ugalde, a más tardar un mes después de que sea promulgada la enmienda que impone nuevas atribuciones al organismo.

Reveses del TEPJF

El tema de la evaluación de quienes tienen las riendas y operan todos los acuerdos tomados en el IFE también cobra relevancia al interior del organismo luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió prácticamente todas sus decisiones respecto de cambiar de adscripción a vocales y otros funcionarios electorales que tenían rezagos significativos, según el criterio del instituto.

Al final, el tribunal señaló al árbitro electoral que sus innovaciones (“índice de desempeño de vocales”) estaban fuera de la norma o, dicho por los magistrados, los nuevos métodos no constituyeron un elemento sustantivo y definitorio para autorizar el enroque de funcionarios electorales.

Así, el instituto se llevó varios reveses cuando cinco vocales ejecutivos locales, dos vocales ejecutivos distritales y cuatro de cargos distintos a vocal que habían sido reubicados en su lugar de adscripción interpusieron juicios laborales. La mayoría de las resoluciones han sido dictadas en favor de los empleados.

–¿Qué experiencia deja a los integrantes del Consejo General (sólo el consejero Marco Gómez votó en contra) este episodio?

–Hay una gran lección: la fortaleza de las decisiones se debe sustentar en el apego a la legalidad, y no intentar innovar al incorporar criterios que no están expresamente incluidos en la norma; además, las fallas que hubo en esta materia evidencian que todos debemos cuidar las acciones de la institución con profesionalismo; diseñar y generar documentos soporte con todas las formalidades de ley –dijo en entrevista la consejera López Flores.

“El tema del profesionalismo (en el IFE) está latente y lo debemos asumir como compromiso institucional”, agregó.

“Lo que nos faltó (en los casos que derivaron en fallos adversos del tribunal) fue aportar más elementos, por lo que es necesario tener otros procedimientos en materia de administración del Servicio Profesional Electoral para dar seguimiento al desempeño de los funcionarios, así como mecanismos correctivos en la institución y esquemas de capacitación.

“Sí hay que mejorar nuestros sistemas de evaluación; creo quea partir de esta experiencia tenemos que precisar también cuáles son las conductas que deseamos de los funcionarios y entonces valorarlas con objetividad, y si éstas no se presentan, calificarlas con severidad”, concluyó.