Ampara juez a siete atenquenses
Los cargos penales fincados contra los implicados en el caso del enfrentamiento de habitantes de San Salvador Atenco contra elementos policiacos federales, estatales y municipales comienzan a desmoronarse.
El juzgado noveno de distrito con sede en el estado de México amparó este lunes a siete de los atenquenses acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación.
Por lo pronto los inculpados continuarán en la prisión mexiquense conocida como Molino de Flores, porque el amparo es susceptible de revisión por el Ministerio Público.
La autoridad ministerial cuenta con 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión que atendería un tribunal colegiado, o de lo contrario los procesados tendrán que ser excarcelados.
Aunque son 172 personas las que fueron procesadas originalmente por ataques a las vías de comunicación y secuestro por los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y el amparo sólo protege a siete personas, el resolutivo representa un precedente favorable para otro importante número de inculpados que actualmente están a la espera de que se resuelvan sus juicios de garantías.
El abogado Juan de Dios Hernández, representante legal de varios de los detenidos, informó que la resolución la emitió ayer el juzgado noveno y que “en las próximas horas conoceremos el contenido de la sentencia que ampara o protege a los quejosos”.
Aunque reconoció que el amparo aún puede ser revocado por algún tribunal colegiado, dijo que es positivo que en primera instancia judicial se reconozca que no estuvo “fundado y motivado” el auto de formal prisión dictado contra los atenquenses que fueron amparados.
A la fecha 172 personas se encuentran bajo proceso penal por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Del total, 27 permanecen en Santiaguito y tres más –Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, identificados por las autoridades como los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra– fueron recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma.