Disensos impiden avanzar hacia la reforma judicial
A pesar de los intentos de las tres principales fuerzas políticas en el Senado por avanzar hacia la reforma judicial, aún no hay consensos, ya que persisten dudas entre juristas de Acción Nacional en torno a cateos, intervenciones telefónicas y allanamientos previstos en esa ley, además del alto costo que implica instaurar el sistema de juicios orales, toda vez que, según estimaciones del Consejo de la Judicatura Federal, se requieren más de 40 mil millones de pesos anuales.
Esa cifra representa el doble del presupuesto que este año se otorgó al Poder Judicial federal, pues los juicios orales requieren cambiar todo el esquema de juzgados en el país, además de nombrar a jueces especiales en materia penal.
Panistas y priístas han llegado a la conclusión de que el esquema de juicios orales se debe establecer de manera gradual, no sólo por la fuerte erogación que representa, sino también porque requiere de muchos cambios y ajustes.
Las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia consideran, sin embargo, que ver la oralidad en los juicios “como una panacea” es “desmesurado”, ya que en el ámbito laboral, en que ha sido aplicada, demostró su ineficiencia.
Ambos partidos presentaron en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso su propia propuesta de reforma. Se trata de modificaciones constitucionales, así como a varias leyes y códigos.
Plantean modificar temas incluidos en la reforma judicial. Respecto a los juicios orales, demandan que se pongan en su contexto real, para no convertirlos en una oferta social que no podrá cumplirse. Lo indispensable “es fortalecer la participación de las víctimas y la compactación de los juicios para evitar la duplicidad que genera la averiguación previa”.
Rechazan ampliar facultades al MP
Se pronuncian contra la autonomía al Ministerio Público propuesta en la reforma judicial, ya que “no resuelve el problema de ineficacia” que han mostrado.
Proponen sujetar al MP a la autoridad de los jueces, mientras se otorga a las víctimas el derecho a la defensa.
Proyectan “una verdadera y profunda reforma del Estado en materia de justicia y seguridad”, que incluye un Código Penal único y una Ley de Justicia Cívica que reordene y controle a las corporaciones policiacas, en lugar de darles más facultades.
Los legisladores petistas y de Convergencia pretenden que su proyecto se discuta dentro de la reforma judicial, que se negocia en el Congreso desde hace semanas. Por lo que se refiere a ésta, el tema de arraigos, allanamientos y espionaje telefónico sigue sin resolverse.
Desde que el presidente Felipe Calderón incluyó esos puntos en las iniciativas que envió al Senado hubo división entre los legisladores, ya que se proponía que tales prácticas se llevaran a cabo sin autorización de un juez.
Tras meses de discusión se planteó crear un grupo de jueces que de manera expedita otorguen la orden para catear o allanar un domicilio o intervenir líneas telefónicas, en caso de delincuencia organizada.
Pero no está resuelto. La traba está en la bancada del PAN, ya que los senadores que son juristas tienen dudas y decidieron analizar a fondo ese punto.