Los operativos de Calderón sólo alientan la impunidad, opina la ONG humanitaria
Pide AI que con la ayuda de EU en seguridad se incorporen garantías en derechos humanos
Los congresos de México y Estados Unidos deben mantener “cuidadosas consultas” sobre el paquete de ayudas que los estadunidenses otorgarán a nuestro país en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, pues deben incorporar garantías de protección a los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional (AI).
La ONG destacó que los operativos militares impulsados por Felipe Calderón lejos de resolver el conflicto coadyuvan a que la impunidad continúe, ya que desde su implementación se han recibido varios informes sobre casos de graves violaciones de derechos humanos en los que estarían implicados funcionarios militares.
Recordó que el asunto mexiquense de San Salvador Atenco y el oaxaqueño son dos casos claros de que “México sigue sin establecer mecanismos confiables de rendición de cuentas con miras al procesamiento de funcionarios policiales y judiciales responsables de graves violaciones a garantías fundamentales y pone de manifiesto los desafíos que se plantean a la hora de llevar a cabo reformas”.
En un documento reciente, AI instó al Poder Legislativo mexicano a analizar la propuesta de reforma judicial, porque de aprobarse “se corre el riesgo de cometer los errores del pasado.
“La ayuda estadunidense debería contribuir a que México aborde las graves deficiencias del sistema de administración de justicia y mantenimiento de la seguridad pública que han hecho posible que desde hace muchos años prolifere la delincuencia y queden sin castigar violaciones de derechos humanos. De no abordarse estas cuestiones fundamentales, la violencia relacionada con las drogas persistirá y las violaciones de derechos humanos por agentes policiales, militares y funcionarios judiciales podrían multiplicarse”, destacó.
La ONG más grande en pro de los derechos humanos a escala mundial afirmó que, si bien la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es “paso importante” para la relación entre ambas naciones, ésta “deberá darse con cuidado y someterse al proceso regular de audiencias sobre asignaciones. Sería una señal positiva que, antes de que se tome cualquier decisión definitiva, los congresistas estadunidenses y mexicanos se reunieran para mantener consultas cuidadosas. Estas consultas deberían resultar en un planteamiento equilibrado ante los problemas relacionados con las drogas y la seguridad, que incorpore las necesarias salvaguardias en materia de derechos humanos”.
Refirió que las recientes violaciones a los derechos humanos en que han incurrido militares a raíz de los operativos contra la delincuencia organizada pueden quedar en la impunidad debido a que en México por decenios no se han investigado ni castigado abusos similares.
A propósito de las reformas al sistema de justicia propuestas por Calderón y que se analizan en el Congreso, AI consideró que con dichas modificaciones se “corre el riesgo de repetir los errores del pasado al limitar el escrutinio judicial de la policía y los fiscales que investigan delitos graves y, al mismo tiempo, no establecer mecanismos independientes, efectivos y transparentes para la investigación de posibles casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Las propuestas de reforma deben incorporar de manera inequívoca las normas internacionales de esas garantías”.
Por ello, afirmó que la ayuda que los estadunidenses brinden a México “en sus esfuerzos para abordar la crítica situación de seguridad pública que sufre el país exige que se asignen suficientes fondos para las reformas judiciales, que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas para la investigación de violaciones de derechos humanos y que se implanten programas de formación y medidas de control sobre el uso de la fuerza por los agentes de seguridad. Es de vital importancia que tanto el Congreso estadunidense como el mexicano desempeñen un papel activo para garantizar que cualquier paquete de ayudas incorpore medidas efectivas de protección de los derechos humanos y evalúe periódicamente el impacto de la ayuda en lo relativo al respeto y la protección de estos derechos”.