Bancarios, despojo laboral sin límites
Desde hace varios años los trabajadores bancarios sufren una guerra en su contra; día con día, los propietarios de bancos diseñan estrategias tendientes a reducir sus salarios, prestaciones y estabilidad laboral. Estas medidas han generado una creciente angustia que trasciende ya los ambientes de trabajo ante el temor de más lesiones. La feroz subcontratación, la complicidad sindical y de autoridades son elementos clave en este escenario de precariedad.
El tratamiento excepcional ha sido característica histórica de las relaciones laborales en el sector bancario. La Ley Federal del Trabajo de 1931 los excluyó de su aplicación; más tarde, fueron creados reglamentos especiales para regularlos. Les otorgaron salarios y prestaciones superiores al resto de los trabajadores a cambio de no tener derechos colectivos ni sindicatos. Al nacionalizarse la banca, en el último periodo del gobierno de López Portillo, se anunció pomposamente que el derecho a la organización gremial les sería reconocido “al igual que en el resto del mundo”. No se dijo que serían controlados por los propios bancos, salvo honrosas excepciones, entre ellas, el sindicato del Banco de Comercio Exterior.
De tumbo en tumbo, los trabajadores bancarios quedaron sujetos a una fracción especial xiii bis del apartado B del artículo 123 constitucional y a una ley reglamentaria que creó e impuso a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib).
Al regresar la banca comercial al control privado, lo primero que hicieron los nuevos propietarios fue abaratar y precarizar el modelo laboral, descubrieron que liquidar personal era un negocio redondo, porque el valor actuarial del crédito pensionario de cada trabajador era sensiblemente mayor al importe que les cubría por concepto de indemnización, en ocasiones hasta cinco veces más.
También, en un periodo corto, se reclasificó a los trabajadores ampliando el número del grupo de confianza. En un principio, el personal de base con estabilidad laboral y derecho a organización gremial ascendía a 80 por ciento del total de los trabajadores, hoy no excede el 40 por ciento.
Al no encontrar resistencia de los afectados, los banqueros optaron por ir desapareciendo la integridad del modelo laboral protector que incluía reparto de utilidades, servicios médicos privados, plan pensionario y préstamos habitacionales. La creación artificial de empresas denominadas “de servicios”, que juegan el papel de supuestos patrones sustitutos, sustrajo a los bancos de su obligaciones laborales al desconocer su relación directa con los trabajadores que le venían prestando sus servicios.
Esta simulación ha lesionado no sólo el marco jurídico constitucional, sino los más elementales derechos humanos. La indefensión está apoyada en un marco jurídico de carácter financiero que busca dar la vuelta a la legislación laboral. Como muestra, el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a las instituciones bancarias a subcontratar personal. Hoy este abuso pretende ampliarse mediante una iniciativa de ley presidencial que se discute en el Congreso y adiciona un artículo 46 bis 1 con el siguiente texto: “Las instituciones de crédito podrán contratar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios o comisiones necesarios para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 de esta Ley…” Toda una joya si tomamos en cuenta que el artículo 46 se refiere al conjunto de actividades encomendadas a estas instituciones. Esta contratación con terceros contraviene la esencia misma del derecho del trabajo garantizado en nuestro orden constitucional. Los legisladores deberán ponerse las pilas para evitar convalidar este abuso.
La Fenasib, encabezada por Enrique Aguilar Borrego, actual presidente del Congreso del Trabajo, es cómplice de este despojo colectivo. La preocupación esencial del líder ha sido mantenerse en el poder mediante constantes relecciones, coordinadas previamente con los directores de los bancos y sin considerar de manera alguna la voluntad de los trabajadores. Su actuación ha resultado evidente en los conflictos concretos, trátese de restructuraciones o incluso de desaparición de instituciones. La Fenasib “colabora” con los empresarios, siempre a condición de que los despojos resultantes se afilien al sindicato nacional que Aguilar Borrego administra como “changarro propio”.
Antes de leer su largo nombre, tome aire: Sindicato Nacional de Trabajadores de Fideicomisos, Casas de Cambio, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Uniones de Crédito, Hipotecarias, Administradoras de Fondos de Retiro, Arrendadoras, Almacenadoras, Empresas de Factoraje, Afianzadoras, Autofinanciadoras, Cajas de Ahorro, Bancos, Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones Financieras, Sociedades Financieras, Empresas Prestadoras de Servicios Laborales del Sector Financiero y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal.
Según información disponible en la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su directiva la integran, además de Aguilar Borrego, parientes y jubilados de bancos extinguidos, en consecuencia, no son trabajadores. Este “sindicato” es titular de los contratos colectivos de Grupo Nacional Provincial, Servicio de Enajenación de Bienes (SAE, organismo público liquidador), Financiera Rural (los restos de Banrural), Servicios Laborales y Ejecutivos (empresa subcontratista) y Banco Azteca, SA. Por supuesto, ningún trabajador de estas empresas fue consultado jamás; tampoco forman parte de la Fenasib, se trata de un negocio diferente.
¿Hasta cuando los trabajadores bancarios aguantarán estos abusos? Parece que aunque tímidamente, ya empiezan a expresar su inconformidad. Ojalá no sea demasiado tarde.