Ahonda pesquisa sobre mal uso de documentos oficiales
Solicita el IFAI a Función Pública investigar sustracción de acervo
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicitó de manera oficial a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el inicio de una averiguación para que se constate si fueron sustraídos documentos originales (papeles, fotografías, videos y otros) generados por la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox.
También por acuerdo de los cuatro comisionados que este miércoles sesionaron en el pleno del IFAI, se le solicitará al órgano interno de control de la Presidencia de la República, dependiente de la SFP, que revise si se cumplió con la ley en el proceso de la digitalización de los casi 5 millones de documentos del acervo presidencial del periodo 2000-2006, en cuanto al resguardo de los datos confidenciales reservados y personales.
Tales acuerdos se asumieron luego de la resolución del expediente 3104/07, emitido a partir de que un ciudadano solicitó la intervención del IFAI para que se le entregaran copias en las cuales se consignara qué documentos se llevó el ex presidente Fox de Los Pinos, una vez que salió de la residencia oficial.
Además de ello, el IFAI efectuará una investigación interna para confirmar si las declaraciones de inexistencia de documentos hechas durante la gestión de Vicente Fox en respuesta a peticiones ciudadanas se apegaron a derecho.
En el resolutivo acordado por los comisionados tras un acalorado y por momentos ríspido debate de Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard con Juan Pablo Guerrero Amparán, se declinó la propuesta de este último de “explorar” la posibilidad de que la SFP acuda al Centro Fox, donde según el ex mandatario difundirán todos los documentos relativos a su gestión.
En entrevista, Guerrero comentó que la SFP determinará si procede o no la visita al Centro Fox, una vez concluida la averiguación referida.
Durante el debate, de más de una hora, Lujambio y Peschard hicieron eco de la molestia expresada por la Presidencia de la República, porque el comisionado Guerrero, en declaraciones a un medio de circulación nacional, comentó antes de la resolución de este caso que en Los Pinos se le informó que no había registro de lo que Fox se llevó en la mudanza a San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Enfático, Guerrero destacó que se trató de una sesión pública, y por ley y por el carácter de la sesión no tenía por qué manejar la información como confidencial. Sin embargo, Lujambio señaló que aun cuando los comisionados no son jueces, se requiere que sean “prudentes”.
Guerrero expresó su asombro y añadió que sólo faltaría que le pidieran que se excusara ante la Presidencia, además de que recordó que es el IFAI el que tiene la atribución para determinar qué información es pública o privada.
Lujambio planteó que la Presidencia de la República “no tiene la culpa” de que ese tipo de situaciones ocurran, porque “no están reguladas por la ley”. Además, pidió quitarle el “dramatismo que a este caso le han dado algunos medios de comunicación”. Y reiteró: “no hay que sobrerreaccionar”.
Peschard, quien abrió el debate contra Guerrero, calificó de una “presunción muy vaga y genérica” el hecho de que Fox hubiera sustraído algún documento de la Presidencia, además de que alegó que digitalizar los documentos no es ningún delito, y porque “no sabemos cuál es el contenido (del acervo que ahora tiene Fox), no podemos hacer la presunción de una conducta antijurídica”.