Editorial
Radio y tv, para la sociedad
Con las significativas ausencias de Emilio Azcárraga Jean y de Ricardo Salinas Pliego, dueños de las principales empresas de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el titular del Ejecutivo federal emitió ayer críticas explícitas e implícitas al duopolio televisivo. Felipe Calderón no sólo dijo que su gobierno no permitirá más tomas violentas de instalaciones de radio o televisión, en referencia evidente al asalto del transmisor de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite por guardias armados al servicio de Tv Azteca en diciembre de 2002, sino que demandó responsabilidad a los concesionarios de los medios electrónicos y se manifestó por alentar la competencia en ese sector. Si al desaire de los propietarios televisivos y a las críticas presidenciales se agrega lo dicho antier por el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien inauguró la 49 Semana Nacional de la Radio y la Televisión con la exhortación a las radioemisoras y empresas televisivas a no sacrificar la calidad ni la responsabilidad ética en aras de mayores ganancias, es inevitable inferir que el conflicto de las grandes corporaciones mediáticas con el Senado de la República se ha extendido ahora al Poder Ejecutivo, justo en vísperas de que el Legislativo emprenda las adecuaciones a la abortada ley Televisa.
La confrontación de los intereses mediático-empresariales con las instituciones del Estado tiene un solo desenlace deseable: la acotación de los enormes poderes fácticos acumulados por los propietarios de las empresas radiofónicas y televisivas, y la implantación de disposiciones antimonopólicas. Entre estas, por ejemplo, deberían figurar la prohibición de que una sola empresa acapare emisiones abiertas y servicios por cable, como es el caso de Televisa; el establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar de las concesiones para defender sus intereses económicos mediante la distorsión de los hechos o los ataques a personas e instituciones que se les opongan, así como la adopción de mecanismos de fomento para el amplio acceso a las frecuencias radiales por parte de empresas medianas y pequeñas, entidades gubernamentales, organizaciones sociales y cooperativas de productores de contenido y entidades públicas de interés social.
No escapa el hecho de que la libre explotación de frecuencias radioeléctricas, especialmente en el caso de señales televisivas, enfrenta dos obstáculos principales: el restrictivo marco legal, que debe modificarse, y el económico, toda vez que la operación de canales de televisión requiere de enormes sumas de dinero. En este sentido, es recomendable que los organismos legislativos analicen las historias de éxito –cultural, de audiencia y de persistencia financiera– de entidades televisivas públicas y descentralizadas como las que existen en Gran Bretaña, Chile o Colombia.
Sería inaceptable que las modificaciones al marco legal en materia de radio y televisión se limitaran al mero establecimiento en México de los grandes consorcios estadunidenses o europeos. Es necesario, en cambio, reorientar la lógica mercantilista que ha dominado a la televisión nacional desde su surgimiento y conciliar la libertad de empresa con las necesidades sociales, educativas y culturales del país.
En el momento actual, en suma, los poderes de la Unión tienen ante sí la oportunidad de recuperar el espectro radioeléctrico para la soberanía nacional, eliminar de una vez por todas los perversos mecanismos de conversión del control televisivo en poder político y establecer un marco democrático, plural, diverso y social para el desarrollo de los medios electrónicos.