Se presentará denuncia en la PGR para deslindar responsabilidades
“Maquinación fiscal” obligó a Pemex a pagar $47.4 millones, dice abogado
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Instalaciones de Pemex en Salamanca, Guanajuato
Foto: Alfredo Domínguez
Una “maquinación fiscal” se urdió entre la empresa Orizzon HDI Cruzamientos Direccionales y los juzgadores, y no sólo para eludir el pago de impuestos, sino fundamentalmente para obtener el pago de 47.2 millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufragó luego de perder el litigio, afirmó en entrevista Néstor García Reza, abogado general de la paraestatal.
Lo anterior, dijo, después de que La Jornada dio cuenta el lunes pasado de esta demanda civil iniciada desde la administración de Rogelio Montemayor Seguy, y que se perdió definitivamente, por lo que la petrolera mexicana tuvo que acatar la sentencia inapelable con el consecuente pago obligatorio.
La información (La Jornada 1/X/07) reveló que la empresa Orizzon HDI realizó entre febrero de 2005 y marzo de este año operaciones para diluir pasivos y omitir el pago de impuestos correspondientes, a partir de una sesión de derechos de juicio a otra empresa (Mil Acres).
El representante legal de la petrolera indicó que después de la publicación del caso, se enteró al Órgano de Control Interno de la paraestatal y se presentará una denuncia esta misma semana ante la Procuraduría General de la República (PGR), para deslindar cualquier responsabilidad y comprobar que los abogados de Pemex no participaron en esta “maquinación”, o se finquen cargos según sea el caso.
García Reza explicó: “No es ilegal la sesión de derechos de juicio y es normalmente una maquinación fiscal permitida para dividir las ganancias y disminuir su impacto fiscal”. Esta estrategia, añadió, no es ilegal, “de hecho, para que pudiera existir la sesión (de los derechos) tuvo que aprobarla el juez”. Son resquicios legales que les permiten a las empresas que se escindan, fusionen o utilicen cualquier otro esquema que les permita eludir el impacto correspondiente.
“Esta es una maquinación muy cotidiana en los juzgados para tratar de dividir las ganancias y evitar el pago al fisco”, aseveró el abogado general de Pemex, Néstor García Reza.
Destacó que en las etapas iniciales del juicio “íbamos muy bien”. El caso desde sus orígenes se trata de un contratista que reclamaba trabajos adicionales. La defensa, agregó, “se llevó a cabo desde mi punto de vista de una manera ortodoxa, tan es así que en la segunda instancia nos absolvieron de todos las prestaciones que reclamaba la empresa”.
Sin embargo, la empresa apeló, y lo que predominó fue el criterio de los tribunales, “porque en el primero nos habían condenado a pagar una cantidad muy inferior y en el segundo nos liberan absolutamente del pago de cualquiera de las prestaciones, y en el tribunal de última instancia deciden una cosa distinta.
“Desgraciadamente la visión de los tribunales en este caso fue adversa a Pemex, aunque creemos que había elementos para que no se condenara. Sin embargo, los juzgados consideraron que no era así. Un punto a destacar es ese, que incluso entre las etapas, digamos las iniciales, íbamos muy bien, simplemente es una apreciación distinta del juzgador”.