Presentará en breve al Legislativo el proyecto de reforma a ley sobre el tema
Planea el gobierno reforzar operativos migratorios para detener indocumentados
Instalar nuevos sistemas de seguridad en la frontera sur, otro de los puntos que propone
El proyecto de política migratoria del gobierno calderonista incluye la instalación de nuevos sistemas de seguridad en la frontera sur y el reforzamiento de operativos para detener indocumentados.
“Hay quienes sugieren, de buena fe, que México debería dejar que cualquier persona entre por la frontera sur y vaya hacia Estados Unidos o Canadá, pero eso no ocurre en ninguna parte del planeta. El dueño de la casa es el que abre la puerta y dice quiénes y cómo pueden pasar”, advirtió el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), Florencio Salazar Adame.
El funcionario comentó los planes de la administración actual, que incluye una reforma a la Ley General de Población, normatividad que delinea la política migratoria del Estado mexicano. El anteproyecto será presentado en breve al Legislativo, con el fin de alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas, similar al que obtuvieron las enmiendas en materia fiscal y electoral.
Sin embargo, el reforzamiento de la frontera sur mexicana es un proyecto de largo plazo que podría arrojar avances sólo hacia finales del sexenio actual, debido al insuficiente nivel de recursos humanos y materiales para atender esta problemática, la cual representó, tan sólo el año pasado, la deportación –de México a su lugar de origen– de unos 200 mil indocumentados, la mayoría procedentes de países centroamericanos.
–¿El gobierno se volverá más rígido con los migrantes?
–Nos volveremos más cuidadosos porque ahora la frontera está prácticamente abierta; ingresan por ésta los que así lo desean. Se ha visto, a través de los medios de comunicación, cómo actúan las bandas delincuenciales, las bandas que traen extranjeros, los internan por Cancún y Chiapas y nuestra posibilidad de control es muy limitada –admitió.
Según el funcionario –entrevistado tras su participación en un foro sobre laicismo– se busca una nueva ley de población que norme las tres atribuciones del Estado en la materia, como son proyecciones demográficas (incluido un plan para establecer el registro nacional de identidad ciudadana); política de migración y de refugio.
El dueño de la casa decide quién entra
Desde diciembre pasado, en los primeros análisis rumbo a la reforma en referencia, se dijo que la norma pretende despenalizar la migración indocumentada; adecuar la ley a las convenciones internacionales, firmadas por México, referentes al respeto a los derechos humanos y, con énfasis en nuevos lineamientos para el refugio.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez, tiene pendiente presentar los lineamientos del plan integral para la frontera sur, aunque hasta ahora se ha conocido que habrá nuevos modelos para la internación de turistas, inversionistas y trabajadores, pero a la vez mecanismos más rígidos de seguridad, como única alternativa para atacar el tráfico de armas y personas, trata de blancas y otros ilícitos.
Habrá operativos, se reforzarán las medidas de seguridad en razón de nuestra soberanía, “es decir, determinar quiénes ingresan a nuestro país y bajo qué condiciones y requisitos”, agregó Salazar Adame.
“Nosotros –añadió– estamos en espera de una revisión final, en la SG, y de no presentarse ninguna eventualidad, buscaríamos de inmediato una reunión con las comisiones de Población y Migración de ambas cámaras del Congreso de la Unión, a fin de conciliar un solo proyecto, es decir, entre el Legislativo y el Ejecutivo”.
En 2006 ingresaron –legalmente a México– 20.5 millones de extranjeros, de los cuales sólo 40 mil fueron visitantes agrícolas, por lo que el plan es ampliar el pase a este tipo actividades, así como a los visitantes por negocios, entre otros.
En contraparte, México deportó, en el primer semestre de este año, a poco más de 66 mil extranjeros.
Como difundió este diario el domingo pasado, a los planes se agregan nuevas reglas, más rigurosas, para las estaciones migratorias que operan en el país, espacios de aseguramiento de indocumentados que, en su mayoría, son repatriados.