En la sucesión de rectoría
Hay por lo menos ocho universitarios que, directa o indirectamente, han manifestado su interés por ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) . A la mayoría de ellos los conozco bien y de muchos años, y estoy seguro de que harán un magnífico papel al frente de nuestra casa de estudios.
Cualquiera de ellos que llegue (por el momento no me pronuncio por ninguno en particular), e independientemente de los cambios que quiera hacer, tendrá que tomar en cuenta que el carácter público, autónomo y gratuito de nuestra universidad fue refrendado con mucho éxito por Juan Ramón de la Fuente, un rector que vamos a extrañar a partir del fin de su gestión.
Esa condición de la UNAM, que he señalado y que está contemplada en su Ley Orgánica, estuvo en peligro durante el rectorado de Francisco Barnés, también mi amigo, aunque tuviéramos puntos de vista contrarios. Barnés, en mi opinión, leyó mal los signos del tiempo que vivimos y, a mi juicio, quiso quedar bien (o coincidió) con la corriente también universitaria que ha querido seguir los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional que ha recomendado durante varios años la privatización de la educación media superior y superior con el argumento de que es una condición insoslayable para alcanzar niveles de excelencia académica. De la Fuente demostró que esto no es cierto, y para que no hubiera dudas colocó a la UNAM en mejores posiciones de calificación entre las doscientas principales universidades del mundo sin dejar de ser pública, autónoma y gratuita. La óptica de la OCDE y sus recomendaciones no han operado en nuestro caso; de hecho, han sido desmentidas por las universidades públicas mexicanas que dejaron de ser gratuitas y se mantienen, lamentablemente, en el mundo de la medianía. Muchas de las mejores universidades en el mundo son públicas, y algunas fueron gratuitas o siguen siéndolo en la actualidad, a pesar de que se trate de países con muy superiores niveles de vida a los de México. En Francia, por ejemplo, los estudiantes pagan alrededor de 300 euros al año por colegiatura, siendo el salario mínimo (también anual) de unos 15 mil euros, en tanto que en México el salario mínimo anual es de poco más de mil euros. Si usáramos la misma proporción, los estudiantes mexicanos en las universidades públicas deberían de pagar 20 euros anuales, es decir 300 pesos mexicanos (y en Francia gobierna la derecha desde 1995).
Pienso que después de la huelga de 1999-2000 será motivo de reflexión para cualquiera de los candidatos el problema de las cuotas. Saben que si se plantea de nuevo podrían provocar otra crisis. No creo que se propongan cambios en este sentido, no en los próximos años. El problema que veo está más bien en la concepción de autonomía que tengan los aspirantes a dirigir la UNAM. Autonomía quiere decir libertad de cátedra y de investigación, además de autogobierno y uso propio de su presupuesto. No es ni puede ser igual adaptar los planes de estudio, por ejemplo, a las necesidades del país en la óptica universitaria que en la óptica de los mercados o del gobierno en turno. Los planes de estudio y los proyectos de investigación deben ser resultado de consensos entre universitarios y no en función del mercado a secas ni de proyectos de país determinados por el gobierno de la República, sea quien sea quien lo encabece. Así hemos funcionado por décadas y la UNAM, lejos de deteriorarse, ha mejorado su condición académica, aunque podría ser todavía más destacada si todos los universitarios nos comprometiéramos en serio con esta meta, y no sólo el rector.
Para lograr esto último, quien suceda a Juan Ramón de la Fuente deberá contar con la aprobación y la simpatía de la mayoría de los universitarios (nunca de todos, pues nuestra universidad es auténticamente plural). La Junta de Gobierno, en mi opinión, debería tomar esto en cuenta: la legitimidad del nuevo rector como auténtico líder y su capacidad de convocatoria (además de coordinación y dirección) para que profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores administrativos realicemos nuestro mejor esfuerzo en un ambiente de libertad y de respeto a la pluralidad.
Puedo suponer, porque ya ha ocurrido, que el gobierno federal quiera influir en la Junta de Gobierno y que Felipe Calderón quiera “orientar” a algunos de sus miembros en favor de su candidato. No hay razón para dudar que esto ocurra, pues todos los gobiernos, desde Miguel Alemán hasta ahora, salvo el de Fox, que estaba distraído en otras cosas, han querido contar con la UNAM entre sus aparatos de control ideológico y político en el país. Pero esta vez la Junta de Gobierno, si atendemos a su composición mayoritaria, no prestará oídos al gobierno, sino a los universitarios y a los intereses de la universidad como institución autónoma de enseñanza, investigación y difusión de la cultura. Que así sea.