Subejercicio de 5 mil millones de pesos en fondos destinados al campo este año
Plantean PRD y PT crear comisión federal de precios competitivos
Proponen en el Senado acciones contra monopolios
Las bancadas de PRD y PT demandaron que se agilicen los trámites en torno a la iniciativa de precios competitivos que el Frente Amplio Progresista (FAP) presentó en el Senado de la República en diciembre pasado, con el propósito de frenar las actividades monopólicas y disminuir así el costo de combustibles y de otros servicios y productos.
El petista Alejandro González Yáñez y el perredista José Luis García Zalvidea presentaron la excitativa ante el pleno del Senado. Argumentaron que en la actual coyuntura es importante aprobar esa ley, que pondría freno a la voracidad de los grandes monopolios y oligopolios, los cuales se apropian de la riqueza de los consumidores al fijar precios exageradamente altos en los bienes y servicios que producen.
González Yáñez explicó que se trata de una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador que el FAP hizo suya y presentó en diciembre pasado, misma que se ha mantenido en la congeladora debido a las presiones de “poderosos intereses”.
Ambos expresaron que la situación económica no puede permanecer así, porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza “y son esquilmados por los grandes empresarios del país”.
Los legisladores aclararon que esta ley no se propone establecer un control de precios, sino más bien fomentar una competencia que ajuste los costos de los principales bienes y servicios de acuerdo con la realidad.
Detallaron que parte central de la propuesta es crear una Comisión Federal de Precios Competitivos, que deberá realizar investigaciones a fondo sobre la estructura del mercado y los precios que fijan los grandes grupos económicos y financieros, con el propósito de poner freno y proteger a los consumidores.
Resaltaron también que el propio Banco Mundial reconoció que los monopolios y oligopolios que operan en México “se han convertido en un verdadero obstáculo para que la economía crezca”.
Reclaman campesinos a la Sagarpa entrega de apoyos
Matilde Pérez U.
La discusión del presupuesto para el campo se empató con los señalamientos de organizaciones de productores y legisladores de un subejercicio en los recursos de este año que supera 5 mil millones de pesos, a lo que se suma el atraso en la entrega del dinero asignado a 28 sistemas-producto.
Ante ello, el Congreso Agrario Permanente (CAP) advirtió que no admitirá que desaparezca ningún programa, mientras otras organizaciones plantearon la urgencia de definir una estrategia ante el incremento de los precios de los alimentos.
Legisladores y dirigentes de las organizaciones campesinas iniciaron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para detectar el ritmo de atraso en la entrega de los recursos. “Hay claros indicios de que el ritmo de gastos de este año es muy lento en relación con lo que se requiere”, dijo Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
El asunto está entrampado porque, abundó, aparentemente está concluyendo la etapa de calificación y autorizaciones de los programas presentados por las organizaciones para acceder a los recursos; “sin duda la tramitología es la que ha impactado en el atraso de la entrega de los recursos y, por tanto, en el desarrollo productivo. Por eso estamos evaluando conjuntamente con Sagarpa la situación en cada uno de los sectores productivos del campo, para tener una visión precisa y evitar evaluaciones particulares con conclusiones fatales”.
Padilla asentó que la postura de los legisladores del PRI es definir el destino de los recursos de este año y no permitir que los no que no se aplicaron regresen a las arcas de la Secretaría de Hacienda, y posteriormente para iniciar la discusión del presupuesto de 2008 para el sector agropecuario.
Ante el atraso en la entrega de los apoyos de diversos programas, la propuesta es buscar un esquema para ampliar el plazo del ejercicio hasta el primer trimestre del año que entra, o bien canalizar los recursos del subejercicio a líneas estratégicas que tengan un impacto multianual, y “lo que es un problema convertirlo en una coyuntura importante para tener un mayor impacto en el fortalecimiento y aprovechamiento de los recursos para el campo”, explicó.
A su vez, integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas propusieron a la Sagarpa la firma de una “carta común de acuerdos” de cinco puntos, entre ellos la creación de una reserva de granos básicos como parte de la estrategia para afrontar el incremento de 75 por ciento que se ha dado en algunos alimentos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón, advirtió que la situación no se resolverá con “pactos parciales” como el de la tortilla y de los harineros.
Los precios internacionales de granos como maíz, trigo y ahora la soya no van a modificarse porque el inventario internacional es bajo, explicó; “éste es el mejor momento para promover la producción nacional y crear una reserva estratégica de alimentos, y para que el gobierno deje de actuar como bombero”, insistió.
Dijo que los productores de frijol están dejando de producir y destinan ahora sus tierras a la soya, ante el aumento del precio, lo cual indica que habrá una menor oferta de la leguminosa y, por tanto, los precios podrían modificarse. Sin embargo, añadió, el problema es que los altos precios no benefician al productor, sino a los intermediarios y acaparadores, mientras el “gobierno anda como la gallina ciega en materia de precios”.
Otras propuestas son: definir un programa contra el hambre, al cual pueden canalizarse fondos dispersos en varias dependencias federales; compactar re-cursos para un plan de empleo rural; reconocer a las organizaciones sociales como entidades de interés público, para que el dinero que se les entrega sea objeto de fiscalización, y crear un fondo na-cional de garantías. Lo que necesita el presupuesto para el campo es “una cirugía de caballo antes que incrementos que no servirán para aumentar la producción y los rendimientos por hectárea”.