No tienen la contundencia necesaria para vincularla con capos mexicanos
Insuficientes, las pruebas presentadas para acusar a La reina del Pacífico
Sólo acreditan su relación personal con el colombiano Juan Diego Espinosa, El Tigre
El juez federal que llevará el proceso contra Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, no cuenta por el momento con pruebas contundentes que demuestren que la mujer tiene vínculos o trabaja para algún capo mexicano de la droga, ya que las constancias de autos judiciales únicamente acreditan que tenía una relación personal con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, y que su evolución patrimonial creció de manera vertiginosa en la última década.
Documentos ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada, y que constan en la causa penal 108/2002, revelan que la única prueba que hasta hoy sostiene la aprehensión es una llamada que se efectuó en 2001 desde el buque Macel, en el puerto de Manzanillo, Colima, en el cual se transportaban casi 10 toneladas de cocaína procedentes de Colombia. La droga fue detectada por las autoridades mexicanas.
Esa llamada la hizo un tripulante del barco a un teléfono celular para informar que el cargamento había llegado a territorio mexicano. Contestó una persona a la que el emisor identificó como “Beltrán”.
La Procuraduría General de la República (PGR) supone que la persona que recibió la llamada fue La reina del Pacífico, y por eso mismo la autoridad deduce que ella es la responsable del cargamento de droga que habría sido vendido a algún cártel mexicano.
Lo que en autos sí está plenamente acreditado hasta el momento es que Sandra y su novio lograron incrementar considerablemente su patrimonio en la última década. Poseen en varias partes del país casas, edificios, automóviles de lujo, y tienen en Estados Unidos y México al menos una veintena de cuentas bancarias por cantidades millonarias.
Pese a que su enriquecimiento únicamente puede entenderse mediante una supuesta procedencia ilícita, y en autos judiciales se acredita su vertiginosa evolución patrimonial, las pruebas que presentó la PGR al juzgado 18 de distrito de procesos penales federales no demuestran plenamente que el dinero lo hubieran obtenido de sus relaciones con los cárteles de la droga mexicanos.
Es decir, hasta el momento la autoridad ministerial sólo deduce que la fortuna de la pareja de presuntos narcotraficantes proviene del trasiego de toneladas de cocaína desde Colombia a México, mismas que durante los últimos 10 años fueron vendidas principalmente a los cárteles de Sinaloa y de Juárez.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas indicaron que para obtener sentencias condenatorias en su contra, la PGR debe aportar mayores pruebas de cargo durante el proceso penal que está por abrirse.
Respecto del caso de El Tigre, fuentes oficiales cercanas al proceso revelaron que el hombre debió quedar a disposición de un juez federal con sede en el Reclusorio Norte en el Distrito Federal, pues fue ahí donde se libró la orden de aprehensión en 2002, y no en un juzgado con sede en Toluca, estado de México.
Aunque originalmente el caso se consignó al juzgado primero de distrito en la capital mexiquense, ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente desde hace cinco años para conocer del asunto y dejó toda responsabilidad al juzgado 18 de distrito del Reclusorio Norte.
El pasado sábado, Juan Diego Espinosa Ramírez fue puesto a disposición del juzgado primero de Toluca, en el interior del penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya. A la PGR no le importó que quien tiene la jurisdicción para juzgar a El Tigre es un juez con sede en la ciudad de México.
Entre tanto, Sandra Ávila Beltrán quedó ayer a disposición del juzgado 18 de distrito en materia de procesos penales federales por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, contra la salud y delincuencia organizada. En las próximas horas se tomará su declaración preparatoria tras una rejilla de prácticas de ese juzgado, y a más tardar el próximo lunes se definirá su situación jurídica.
Por otra parte, ayer la PGR solicitó ayuda al gobierno de Estados Unidos para detectar la existencia de cuentas susceptibles de aseguramiento en territorio nacional y en aquella nación, a nombre de Sandra Ávila Beltrán, y de su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, ambos poseían al menos tres propiedades en la ciudad de México, dos en Guadalajara y otras tantas en Tijuana, las cuales mantenían como sus zonas de descanso, pero cabe mencionar que además existen más de 200 propiedades que ya le han sido aseguradas a través de la llamada Operación Volcán, realizada entre los años 2002 y 2003, a raíz del decomiso de más de nueve toneladas de cocaína en el buque Macel.
Igualmente, el Ministerio Público federal trabaja en la identificación de una supuesta empresa dedicada a la renta y compra venta de inmuebles, ya que ese era uno de los giros comerciales que durante más de una década le permitieron a Ávila Beltrán lavar el dinero de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
En ese contexto, las fuentes consultadas indicaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya realiza intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, y también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, para detectar cuentas y propiedades de La reina del Pacífico.
Se debe mencionar que la detención de Sandra Ávila Beltrán constituye la captura de una de las más importantes e históricas cabezas del narcotráfico en México, ya que desde los años 80 esta mujer constituyó el vínculo entre capos de distintas organizaciones mexicanas y fue enlace de narcotraficantes como Ismael El Mayo Zambada con grupos colombianos, incluido el cártel de Cali.
De acuerdo con fuentes oficiales, La reina del Pacífico sirvió de vínculo entre grupos mexicanos y colombianos para no afectar el nivel de envío de droga a México tras la desarticulación de las organizaciones de Pablo Escobar Gaviria, así como de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
En ese contexto, en los años 90 es cuando se relaciona con Juan Diego Espinosa, El Tigre, segundo en importancia en el cártel Valle del Norte, que dirigía Diego Montoya, Don Diego, quien fue detenido el pasado 10 de septiembre.