Alertan sobre la creación de nuevas fuerzas castrenses para militarizar el país

Grupos escindidos exigen presentar a los dos militantes del EPR desaparecidos

Rechazan la doble moral de Calderón que aprueba la violencia que ejercen “los de arriba”

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 28 de septiembre. Cuatro organizaciones guerrilleras, que en distintas épocas se escindieron del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que ahora trabajan coordinadamente, exigieron la presentación con vida de los militantes del PDPR-EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo pasado.

En un comunicado difundido el jueves por la noche en Guerrero, los alzados rechazaron “la amenaza proferida por Felipe Calderón contra quienes no respalden la doble moral de su gobierno, al pretender que se condene la violencia que ejercen los de abajo en defensa de su vida y su dignidad, y se apruebe la violencia que ejercen los de arriba en defensa del poder y del dinero”.

También se manifestaron contra “la insidiosa versión que ha deslizado el gobierno federal en los medios de comunicación, para hacer creer que esta acción encubierta propia de la guerra de baja intensidad fue producto de un ‘ajuste de cuentas’ entre organizaciones revolucionarias armadas, y objetamos las cínicas y cobardes declaraciones de Ulises Ruiz Ortiz con las que pretende reforzar la versión federal”.

Las organizaciones guerrilleras firmantes son el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M), y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).

Estas organizaciones, que en noviembre del año pasado colocaron artefactos explosivos en el Distrito Federal en solidaridad con la lucha del pueblo de Oaxaca, alertaron respecto de la creación de “nuevos grupos castrenses–-como el Cuerpo Especial de Apoyo Federal–, y nuevos organismos policiacos –como el Grupo Central de Atención a la Subversión–, desplegando a sus cuerpos policiacos y militares en todo el país, escalando la guerra sucia, el feminicidio y el terrorismo de Estado, contra los movimientos sociales y políticos (Sicartsa, Atenco, Oaxaca, La Parota, la otra campaña, etcétera), y contra los movimientos políticos armados, bajo la cubierta del supuesto combate a la delincuencia organizada y la ‘defensa’ del patrimonio nacional”.

Las organizaciones rebeldes hacen un llamado al pueblo de México “a superar la dispersión que priva entre las fuerzas de izquierda, a seguir impulsando la construcción del poder popular y a intensificar la lucha por recuperar y reconstruir una patria libre y justa para todos, con base en la reconstrucción –justa y recta– de la visión teórica y la actividad-práctica-transformadora de la izquierda mexicana; de manera particular, llamamos a los sectores honestos –y personalidades íntegras– de la izquierda institucional a hacer del ejercicio parlamentario y extraparlamentario no la actividad exclusiva y excluyente a la que la han reducido las prácticas supuestamente maduras y modernas”.

Además convocaron a los ciudadanos, sectores sociales, sindicatos, partidos y organismos sensibles “así como a los miembros honestos del Frente Amplio Progresista en el Congreso, a luchar contra la guerra sucia y el terrorismo de Estado, y a tomar en sus manos el problema de los presos, los perseguidos y los desaparecidos políticos, y demás crímenes de Estado”.