ONG exigirán al Senado reformar el Código Civil
Discriminan las leyes a la población discapacitada
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Mecanismo que permite el ascenso y descenso de personas con discapacidad en algunos autobuses del transporte público
Foto: Francisco Olvera
Ante la interpretación del Código Civil que considera a las personas con discapacidad como “perturbados de su inteligencia”, organismos civiles enviarán en breve al Senado un documento en el que exigen a los legisladores acreditar “sin reservas” la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.
El artículo 12 de ese tratado internacional –firmado por México el pasado 30 de marzo– otorga a este sector poblacional “igual reconocimiento como personas ante la ley”.
Las ONG, encabezadas por Piña Palmera, expondrán a los senadores que el Estado mexicano no puede justificar una reserva de dicho artículo, pues eso representaría minar la igualdad de dichas personas ante la ley, al suponer que la discapacidad equivale a incapacidad.
Los organismos exponen que “la calidad de capaz-incapaz es una falsa manera de plantear el problema. La capacidad-incapacidad no puede entenderse como un absoluto inherente a la persona por su condición, sino como un continuum de más a menos capaz, en el que la expresión particular de la capacidad de la persona puede variar de manera significativa en función de los apoyos y salvaguardas de que disponga”.
¿Qué dice la ley mexicana?
El Código Civil Federal refiere que “tienen incapacidad natural y legal los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, sicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas, como alcohol, sicotrópicos o estupefacientes, siempre que debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto provoque no puedan gobernarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio”.
Las organizaciones señalan que la ratificación de la convención obliga a los países miembros de la ONU a otorgar derechos iguales a discapacitados, incluidos los jurídicos, como ser propietarias y herederas de bienes, controlar asuntos económicos, acceder a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de créditos financieros, por lo que el Estado mexicano tendría que velar por que dichas garantías se cumplan.
“La convención reconoce que las personas con discapacidad tienen personalidad y capacidad jurídica, aun cuando puedan necesitar apoyos para ejercerla” de manera plena.