“No se puede con gente que está causando destrozos”: fuentes del gabinete de seguridad
Para el gobierno calderonista es una “mala ocurrencia” dialogar con el EPR
Ampliar la imagen
El gobierno federal apuesta a la pronta detención de los integrantes del EPR
Foto: La Jornada
El gobierno calderonista no buscará diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, por el contrario, refuerza las indagatorias para dar con los autores de las explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya autoría se atribuye a ese grupo guerrillero.
En tanto, el informe de actividades de la Secretaría de Gobernación entregado al Congreso de la Unión revela que las bases y mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazaron la instalación de una mesa de negociación con el gobierno calderonista.
La dependencia, responsable de la política interna, precisa que en cumplimiento con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, la comisión gubernamental respectiva ha buscado el contacto directo con los dirigentes del EZLN.
“Durante los recorridos de trabajo por la zona de conflicto se coincidió con bases de apoyo zapatista y mandos del grupo armado. La posición expresada por éstos fue de oposición a la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal”, señala el texto, base para la comparecencia del titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ante la Cámara de Diputados, programada para el próximo martes.
Afirma que el gobierno ha continuado la atención de las causas que dieron origen al conflicto, surgido en 1994, y que se realizan “todas las acciones necesarias” tendentes a lograr la conciliación y la convivencia pacífica en aquella región.
Sin embargo, para el caso del EPR, fuentes del gabinete de seguridad calificaron de “mala ocurrencia” la propuesta que en ese sentido emitió el senador panista Ulises Ramírez, quien sugirió escuchar las demandas de los eperristas.
En el gobierno federal no se tomó en consideración esa vía; tras varios días de constantes reuniones, los integrantes del gabinete de seguridad (Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) se mostraron, por el contrario, confiados en “el avance de la investigación” que lleve a la detención de los presuntos responsables de los “atentados”.
“No se puede dialogar con gente que está causando destrozos y que, ante la adjudicación de tales hechos, es considerada como delincuentes”, expresaron las fuentes gubernamentales consultadas por este diario.
El miércoles pasado, la Comisión de Seguridad Pública del Senado informó acerca de la propuesta para que se apruebe la integración de una comisión con el objetivo de conocer, en el ámbito legislativo, las exigencias del EPR, especialmente acerca de la presentación con vida de dos de sus compañeros (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, todavía en calidad de desaparecidos), quienes, según el grupo guerrillero, están en manos del Ejército Mexicano.
El EPR ha emitido comunicados en los que se adjudica la autoría de al menos tres episodios de detonaciones de explosivos en instalaciones estratégicas para la nación, dos en julio pasado y, las más recientes, en Veracruz y Tlaxcala, el lunes 10 de septiembre.