“Nuestros compañeros están en el Campo Militar Número Uno”

Asegura el EPR contar con pruebas de “desapariciones”

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se atribuyó varios atentados perpetrados en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró ayer que existen pruebas de la desaparición de dos de sus militantes por parte del gobierno.

Destacó que al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, le corresponde decir a quiénes y en qué condiciones entregaron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, porque “ahora sabemos que existe una grabación que corrobora su detención y entrega a las fuerzas federales”.

En un comunicado, el EPR advirtió que continuará con sus acciones político-militares hasta la aparición con vida de sus dos militantes, quienes “se encuentran secuestrados” y bajo tortura “en instalaciones del Campo Militar Número Uno”.

Planteó también 11 acciones como única forma de evitar eventuales ataques contra instalaciones estratégicas, entre las que se encuentran la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada; la descriminalización de la lucha social; el fin de la impunidad, y la suspensión de la política neoliberal.

También está la petición de liberar inmediatamente a todos los “presos políticos y de conciencia” del país, la suspensión de hostigamientos contra defensores de derechos humanos y la desmilitarización, así como el desmantelamiento de los grupos paramilitares con los cuales se desarrolla la “guerra sucia”.

En el comunicado de cinco cuartillas, el Ejército Popular Revolucionario da respuesta a cada una de las críticas que ha recibido por los ataques a Pemex y a las declaraciones que hizo el presidente Felipe Calderón en torno a que “en el México democrático no hay cabida para actos criminales, pues las causas se defienden en el campo de las ideas, de las instituciones y en el marco de la ley, no destruyendo el patrimonio que con tanto esfuerzo han construido los mexicanos”.

Sobre esto último, el EPR puntualizó que en el México de hoy aún no existe la democracia, desde el momento en que hay lugar para actos criminales como la desaparición forzada realizada por las fuerzas federales de seguridad de la Federación de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Subrayó que aún siguen desaparecidas las víctimas del priísmo de los años 70 y 80, y del panismo del sexenio de Vicente Fox y del gobierno actual; se impide de facto la defensa de las causas en el campo de las ideas y de las instituciones, dentro del marco de la ley que pregona y alardea Calderón.

Expuso que la democracia no existe en el país desde el momento en que caricaturizando a su jefe supremo, George W. Bush, el michoacano demanda una definición para condenar “nuestro accionar político militar”, y no convoca a repudiar las desapariciones forzadas que realiza el gobierno federal, ni la criminalización de la lucha social, la desigualdad, la explotación, la discriminación y la miseria en la que están sumidos 78 millones de mexicanos.

Consideró demagógico afirmar que “destruimos el patrimonio que tanto le ha costado a los mexicanos”, cuando esa riqueza se encuentra en manos de los monopolios nacionales y trasnacionales de manera encubierta con los famosos Pidiregas. A los que insinúan que las acciones de autodefensa del EPR podrían provocar la privatización de la paraestatal, el grupo guerrillero les dijo que es lamentable que teniendo una conciencia de lucha contra la injusticia se equivoquen concretamente en ese punto.

“Nosotros no destruimos nada, quienes destruyen el país son quienes integran la cúpula gobernante, quienes pugnan por reformas cada vez más pro oligarcas que van definiendo el carácter fascista” del actual régimen. Sumado a ello, refirió que quien carece de legitimidad para estar en la Presidencia de la República no tiene derecho a convocar a nada ni a nadie en nombre de la ley y la democracia, que están siendo quebrantadas en cada acto público que realiza.

La organización armada también se dirigió a la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, para señalarle que la lucha armada dentro de los cauces legales, desde siempre ha tenido un alto costo político. A manera de ejemplo aludió a los 600 militantes del PRD que fueron asesinados sólo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En este contexto, criticó a algunos perredistas que, acostumbrados a desviarse de lo esencial, las causas que provocan el accionar revolucionario, se desgarran las vestiduras defendiendo una “legalidad” trastocada por un fraude que en palabras reclaman, pero que con hechos convalidan. A quienes exigen reforzar el sistema de inteligencia, el EPR les dijo que mejor deberían fortalecer el sistema social de salud con la derogación de la nueva Ley del ISSSTE, y la no tan nueva Ley del Seguro Social.

“A quienes menosprecian nuestra capacidad les decimos que no estamos manejados por la CIA ni por Al Qaeda ni somos parte de los grupos de poder que están dentro del Estado”, concluye.