Gloria Muñoz Ramírez, San Luis Acatlán. Guerrero. Agustín maneja el camión que recoge a los comisarios y comandantes de la Policía Comunitaria que asistirán a la asamblea regional (que por falta de quórum finalmente no se realizará), en la comunidad de Espino Blanco, en la Montaña guerrerense. En el camino descompuesto por las recientes lluvias, Agustín rememora los asesinatos, asaltos y violaciones que se cometían por esta carretera y sus veredas hace más de una década. "Zona de ratas", se leía en un letrero que, cínicamente, los delincuentes colocaron en el camino de San Luis Acatlán a Santa Cruz El Rincón.

Entre 1992 y 1995 se vivió en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero la más despiadada ola de violencia de la que se tenga memoria. Ante la indiferencia y muchas veces complicidad de las autoridades con la delincuencia organizada, en 1995 los pobladores hicieron asambleas, discutieron y, finalmente, decidieron hacerse cargo del problema organizando su propia policía comunitaria que, sin sueldo ni recompensas, montó guardias día y noche por veredas y caminos, empezó a detener a los delincuentes y los puso a disposición de las autoridades. Era el inicio de la conformación de un sistema comunitario de seguridad que, doce años después, enfrenta nuevos retos, entre los que destacan la participación de la mujer, la autosuficiencia y la consolidación de las subsedes que acerquen más a los pueblos y el proyecto de comunicación comunitaria.

El 15 de octubre de 1995 se realizó la asamblea fundacional de la Policía Comunitaria en Santa Cruz El Rincón, el mismo lugar donde a mediados de abril de 2006 recibieron al subcomandante Marcos y a la caravana de La Otra Campaña. Zona de tlapanecos y mixtecos (principalmente), región de extrema pobreza y de movimientos rurales legendarios, la Costa Chica y la Montaña de Guerrero protagonizan hoy una de las experiencias más notables de la autonomía indígena que exige el respeto del Estado mexicano. Han mostrado eficacia y honestidad y se les sigue amenazando. Actualmente el ayuntamiento de San Luis Acatlán pretende reactivar órdenes de aprehensión en contra de algunos de sus miembros, una amenaza constante desde que se integraron.
 

Durante los primeros años los policías indígenas mejor conocidos como "los comunitarios", quienes eran recibidos con gritos y porras en los pueblos, como los Robin Hood o los Pancho Villa de la Montaña, disminuyeron la delincuencia de manera significativa, enfrentando en todo momento no sólo las amenazas de los gobiernos estatal y municipales, que nunca han terminado de aceptarlos, sino la corrupción de los órganos encargados de la administración de la justicia, razón por la que 1998 decidieron crear la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es decir, un sistema de prevención y procuración de justicia. Ya no se trataba sólo de atrapar delincuentes, sino de legitimar el derecho tradicional y perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación, asesinato, abigeato, entre otros).

El camión de carga sale de la sede la Coordinadora Regional, ubicada en el barrio de San Isidro, en el municipio costero de San Luis Acatlán (cuna y tumba del guerrillero Genaro Vázquez), y recorre parte de la Montaña por una carretera completamente destruida, aunque tiene poco que fue inaugurada por el entonces presidente Vicente Fox. Junto al volante viaja Paula Silva, la única mujer que en estos momentos forma parte de alguna de las tres áreas de trabajo del sistema: (la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, la Figura Jurídica y el Comité Ejecutivo; además están los consejeros y el cuerpo de la policía comunitaria).

El pasado 22 de marzo se integraron por primera vez tres mujeres a la Coordinadora Regional (órgano que se encarga de recibir las quejas, analizar las denuncias, expedir las órdenes de aprehensión y rendir los dictámenes ante la Asamblea Regional, es decir, ante los pueblos adscritos por voluntad propia al sistema, quienes siempre tienen la última palabra). Desafortunadamente, las tres fueron destituidas por tomar posición en un caso de brujería en Tilapa (la brujería, por cierto, no está contemplada en el Reglamento del sistema).

El año pasado se formó, también por vez primera, la Comisión de Mujeres. "Eran dos compañeras que tenían el trabajo de invitar a más mujeres de los pueblos a participar en la organización, pero la Comisión desapareció, o por lo menos ahorita no trabaja".

"Es muy importante que haya mujeres en la Coordinadora, sobre todo por que hay casos de mujeres golpeadas en los que los hombres se favorecen entre ellos. Hay veces que se denuncia una agresión a una mujer, viene toda golpeada por su marido y se detiene a los dos por pleito. Es injusto", se indigna Paula.

Las mujeres, dice Paula, "también queremos ser policías, o mejor comandantas y estar armadas". Pánfilo Rodríguez Solano, de la Coordinadora Regional, confirma el reto: "Tiene que haber una mayor concientización. La ventaja con ellas es que no tienen el problema del alcohol y la verdad es que sí son más decididas".
 

Otro reto actual de la Policía Comunitaria es lograr la autosuficiencia. No hay recursos y con los ayuntamientos varía la relación según quien gobierne. "Ahora que ya se ha conseguido bajar la delincuencia" --dice Pánfilo-- "se necesita hacer productivo el proyecto de la Policía Comunitaria, hacerlo autogestivo, para no andar pidiendo caridad".

La última violación a una mujer se dio hace más de cuatro años y el asalto en carretera que se recuerda es de hace 5 años. El abigeato aún existe, pero ya en menor medida. Hoy los retos son distintos: "Tenemos que ver cómo vamos a seguir creciendo, cómo nos vamos mantener y por eso estamos viendo proyectos para sembrar cereales, frijol, hacer milpa y otras cosas. Se trata de solventar los gastos de transporte de la policía, el sustento de las personas que están de tiempo completo y los gastos de la oficina".

Otro desafío es la consolidación de las subsedes, pues se ha crecido territorialmente y la sede de San Luis ya queda muy lejos. Empezaron en 2 municipios y ahora tienen presencia en 56 comunidades de 10 municipios. Son 672 policías comunitarios. "Al crecer se vio la necesidad de crear subsedes que van a empezar a operar el 15 de octubre, una en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; y otra en Citlaltepec, en Metlatonoc. Se trata de acercar a los pueblos, que tengan una oficina cerca donde tratar sus problemas".

En el patio de la sede de la Coordinadora hay un detenido que será trasladado a Tilapa, donde se unirá a un grupo de nueve hombres que pagan sus delitos con trabajo comunitario. La comunidad los alimenta y les ordena las tareas. Hoy están pavimentando. "En los usos y costumbres indígenas no se paga con encierro, sino que se tiene que reparar el daño y ofrecer servicio a la comunidad. Ésa es la reeducación, como la llamamos nosotros", explica Emilio Cano, otro miembro de la Coordinadora.

El pueblo entero se involucra y, en el caso del joven detenido por haber matado "por equivocación" un caballo, los dueños piden la reparación del daño y es la propia familia del muchacho la que exige por lo menos dos meses de reeducación.

Ésta es la Policía Comunitaria, cuyo reto principal es "no alejarse de los pueblos y seguir obedeciéndolos". Así se preparan para los festejos del doceavo aniversario, pero, primero, "hay que limpiar la casa y resolver los problemas internos", como dijeron en la reunión de Espino Blanco, presidida por Emilio, Pánfilo, Ciriaco y Jesús.