Gobernación reconoce que no hay un plan integral
México carece de programa para proteger a defensores de garantías
La Secretaría de Gobernación admitió la carencia en México de un programa que de manera integral proteja la función de los defensores de derechos humanos.
No obstante, planteó que “ha coordinado la instrumentación de diferentes tipos de protección” para quienes se dedican a esta labor, cuando así se le pide al gobierno federal.
Del 25 de octubre de 2001 al 11 de septiembre pasado, la dependencia destinó para ello 4 millones 284 mil 442 pesos, de un presupuesto global de 4 millones 744 mil 989 pesos.
En respuesta a la solicitud de un ciudadano, formulada mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Gobernación apuntó que se han dirigido 18 medidas cautelares y provisionales en favor de defensores de derechos humanos, y actualmente solamente se encuentran vigentes ocho –sin entrar en más detalles.
Las preguntas formuladas a la instancia federal tuvieron como objetivo conocer hasta qué punto el Estado cumplió con las recomendaciones que al respecto le hizo, en 2003, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, específicamente en lo relativo a la labor de los defensores de garantías fundamentales.
–¿Existe un programa de acción integral en materia de las y los defensores de derechos humanos que comprenda la protección de su función? –se cuestionó.
–Dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos no existe un proyecto específico en relación a defensores de derechos humanos –respondió en primera instancia, aunque aclaró que se cuenta con una área para la atención y seguimiento de los casos relacionados con ello.
Lo anterior, para coadyuvar con quienes –ya sean personas u organizaciones– se dedican a la promoción y defensa de las garantías fundamentales para atender y dar seguimiento a los diversos casos que les son expuestos; para propiciar un diálogo permanente con autoridades, “con el fin de facilitar la labor de los defensores con relación a las demás dependencias de la administración pública federal”, y para “implementar medidas de protección, solicitadas por organismos internacionales, con el objeto de salvaguardar la integridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos”.
Sostuvo que por conducto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos adoptaron como medidas de protección: “agilidad en investigaciones, rondines, escoltas, acompañamientos, vigilancia en el exterior de domicilios, teléfonos celulares, números de emergencias, contacto con funcionarios federales y locales, mesas de trabajo, apoyo en trámites administrativos, circuitos cerrados, identificadores de llamadas, monitoreo de estaciones de radio y apoyo en la inscripción de despensas alimenticias”.
La dependencia enalteció que la política del gobierno de México respecto de las personas y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos “ha sido encaminada a favorecer y facilitar su labor, por lo que se ha abocado a establecer las líneas de comunicación adecuada para la atención de sus legítimas demandas”.
Ante ello, indicó, el Ejecutivo “ha instrumentado múltiples medidas cautelares, cuya finalidad es proteger la integridad física y sicológica de diversas personas y entidades dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país”.