Editorial

Corrupción e impunidad, lastres históricos

En referencia al escándalo protagonizado por los hijos de Marta Sahagún de Fox, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Germán Martínez Cázares, manifestó en entrevista con este diario su confianza en que los diputados federales “retomen el impulso” para continuar con las indagatorias en relación con los vínculos de estos personajes con Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA). A renglón seguido, el funcionario afirmó que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “tiene la voluntad de no dejar pasar ni un solo caso de corrupción ni de impunidad del sexenio pasado y del suyo propio”.

La actual administración federal heredó del gobierno foxista un cúmulo de asuntos relacionados con escándalos que involucran a funcionarios de todos los niveles, que no han sido resueltos. Tales escándalos, a su vez, forman parte de la inveterada cadena de corruptelas que ha marcado la historia del país en las últimas décadas. Por eso mismo, bien cabría esperar que las declaraciones de cero tolerancia con la corrupción que ensalza Martínez Cázares se hagan efectivas.

Sin embargo, el propio secretario de la Función Pública admitió que los esfuerzos de la dependencia a su cargo resultarán inútiles si la lucha por abatir la corrupción –que desde hace décadas infecta el sistema político mexicano– no incluye la participación de otras instancias gubernamentales, como el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República. Al respecto, el funcionario instó a los tribunales “a que cumplan su tarea en el combate a la corrupción”.

A la luz de la línea de impunidad que caracteriza a buena parte de la historia nacional, es inevitable concluir que la corrupción no cesará a menos que exista una interacción efectiva entre las instancias oficiales que, en principio, están consagradas a combatirla. Por ello, es sumamente intolerable que quienes han sido abiertamente señalados por investigaciones de la propia SFP como responsables de escándalos de corrupción permanezcan impunes a la vista de la opinión pública.

Como botón de muestra, basta recordar el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muños Leos, quien fue inhabilitado por 10 años y multado con 862 millones de pesos por haber entregado de manera ilegal mil 724 millones al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en 2004. Sin embargo, pese a esas pruebas irrefutables, la PGR ha anunciado que “archivará” el expediente de investigación que elaboró la SFP, debido a que no encontró elementos jurídicos que tipifiquen alguna conducta penal del ex funcionario.

La misma incongruencia entre instancias gubernamentales se ha suscitado en otros casos, como el que involucra a la ex coordinadora de Protección Civil Carmen Segura Rangel, quien fue destituida del cargo por realizar “compras irregulares” con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Hasta ahora las acusaciones en torno a la participación de la actual diputada local del Partido Acción Nacional en el desvío de recursos para la campaña presidencial de Santiago Creel no han sido atendidas y, de hecho, en el informe presentado por la SFP ni siquiera se menciona al actual senador.

Ambos casos ponen en evidencia los vicios de un sistema de impartición de justicia que parece ser efectivo sólo cuando se trata de sancionar a los sectores más desprotegidos o de criminalizar formas legítimas de manifestación de descontento social, pero que expresa autismo e inoperancia cuando se intenta castigar a altos funcionarios –o a familiares de éstos, como en el caso de los hermanos Bribiesca– involucrados en negocios ilícitos, en desfalcos de bienes públicos o en tráfico de influencias.

La conjunción entre corrupción e impunidad ha formado históricamente uno de los más grandes cánceres para la sociedad mexicana. No sólo constituye una muestra de deterioro moral de la clase gobernante, sino que deriva en la pérdida de recursos económicos que bien podrían emplearse para atender las múltiples necesidades de los sectores más desprotegido de la nación.

En la medida en que las autoridades no sancionen a los responsables de los escándalos de corrupción y no presenten a la opinión pública a los culpables, se acentuará cada vez más la crisis de credibilidad ciudadana que pesa ya sobre la institucionalidad política del país, y prevalecerá en el imaginario colectivo la idea de que en México “no pasa nada”.