Decenas de ONG rechazan las presiones de la CIRT
Externan en San Lázaro apoyo a reforma electoral
La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, expresó ayer el respaldo de ese cuerpo legislativo a la decisión de la Cámara de Senadores de aprobar la reforma electoral y acotar la compra de espacios comerciales en radio y televisión para campañas políticas.
Cuestionada sobre la presión que ha ejercido la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y sobre la posibilidad de que esta actitud se traslade a la Cámara de Diputados, una vez que la minuta con la reforma llegue a San Lázaro, respondió:
“Vamos a esperar a que vengan a platicar con nosotros. Sin embargo, desde este momento les decimos que la Cámara de Diputados da todo su apoyo a la Cámara de Senadores.”
Diputados de PRI, PRD y Nueva Alianza reprocharon la andanada que el duopolio televisivo y los concesionarios de radio iniciaron para tratar de frenar una reforma simplemente porque reducirá los millonarios ingresos que han obtenido, sin ningún control, en las campañas políticas.
Irma Piñeiro, diputada de Nueva Alianza, afirmó que los televidentes y radioescuchas han asistido en las horas recientes a un montaje extraordinario que no sólo reclama dinero, sino que también constituye un reto al Estado, “que no puede permitirse porque los poderes fácticos no pueden estar por encima de los intereses mayores de la República”.
La legisladora consideró lamentable y equivocada la decisión de la CIRT de convocar a un plebiscito, no sólo porque con ello pretende suplantar un ejercicio ciudadano y manipular a la opinión pública como está acostumbrada, sino porque es previsible un respaldo al Congreso de la Unión. “Las televisoras todavía creen que los espectadores se tragan todo lo que les dan. No se han dado cuenta de que existe una sociedad madura, que difícilmente moderá el anzuelo”, expresó.
El presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa Pérez, calificó la pretendida consulta de los empresarios de “intento burdo” de legitimar la campaña que han emprendido contra el Congreso, y resaltó dos puntos:
“Ahora resulta que comunicadores que en el medio se sabe tienen una larga trayectoria de servidumbre al poder, que al mismo tiempo les ha permitido servirse de éste, hoy son los paladines del periodismo nacional y defensores de la libertad de expresión. Nadie coartará el libre ejercicio de su profesión; lo que se busca es evitar que sus jefes y propietarios de las grandes cadenas continúen exprimiendo a los partidos políticos y obligar a los candidatos a buscar dinero donde sea para pagar un espacio en horario triple A.”
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay cuestionó el embate que, al viejo estilo priísta, llevaron a cabo el martes las empresas de radio y televisión “para tratar de cercar a los senadores, intimidarlos, como lo han hecho siempre, escudados en un micrófono y en una pantalla de televisión, por lo cual se creen los amos del país. Sólo que a partir de ahora, como esto se va a acabar, gritan, vociferan, pero los legisladores nos mantendremos firmes”.
Por su parte, la dirigencia nacional del PRD y el dirigente de Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, rechazaron que la reforma electoral atente contra la libertad de expresión y que prohíba a cualquier medio de comunicación emitir críticas a los partidos políticos o a funcionarios públicos.
En tanto, 69 organizaciones no gubernamentales afirmaron que la libertad de expresión en México “no depende de la compra de espacios en los medios de comunicación”, y cuestionaron la actuación de concesionarios de radio y televisión, que argumentan la defensa de esa garantía cuando no defendieron la libertad que tienen las radios comunitarias para ser parte del espectro radioeléctrico durante la discusión de la llamada ley Televisa.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) lamentó que los dueños de los medios electrónicos invoquen la libertad de expresión y la democracia, si ellos las “han pisoteado” con la defensa que hicieron a la citada ley, y planteó que la lucha que en realidad emprenden es por mantener privilegios políticos y económicos.
De acuerdo con el comunicado signado por las organizaciones civiles, el país debe contar con una “reforma integral en materia de medios de comunicación, que permita la pluralidad y la diversidad de medios, así como el acceso y respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, y no sólo de un grupo de empresarios con intereses económicos”. El pronunciamiento lo signan, entre otros, Cencos, Incide Social, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Católicas por el Derecho a Decidir.