Afectará los costos del transporte y producirá presiones de incremento salarial, advierte
El aumento a la gasolina generará mayor inflación: Guillermo Ortiz
Preocupa al gobernador del Banco de México la propuesta panista para gravar con 5.5 por ciento el combustible
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Guillermo Ortiz Martínez, en la calle 5 de Mayo FOTO
Foto: Carlos Ramos Mamahua
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Trabajadores se manifiestan frente al Palacio Legislativo contra la reforma fiscal FOTO
Foto: Francisco Olvera
El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, expresó este miércoles “preocupación” ante la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de cobrar un nuevo impuesto de 5.5 por ciento al consumo de gasolina. Dijo que el gravamen, de ser autorizado en el Congreso, tendrá una repercusión negativa en la inflación al afectar los costos del transporte y generar presiones de mayor incremento salarial.
Ortiz Martínez explicó que la aplicación de un nuevo impuesto al consumo de gasolina, como lo propone el partido en el gobierno, tiene “impactos directos e indirectos” sobre el comportamiento de la inflación. Los primeros están relacionados con el efecto inmediato del mayor precio, sin embargo, apuntó, no son los más relevantes.
“A mí me preocupan los impactos indirectos porque eso puede afectar, obviamente de manera negativa, las percepciones inflacionarias hacia delante”, declaró Ortiz después de asistir a la conferencia Innovaciones financieras en el mercado privado de pensiones, impartida en el auditorio del Banco de México por el profesor Eytan Sheshinski, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
En el proceso de negociación parlamentaria de la reforma fiscal, iniciativa presentada por el gobierno hace más de dos meses, el PAN propuso aplicar un impuesto de 5.5 por ciento al consumo de gasolina, planteamiento que no ha sido rechazado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional, aunque sí por el de la Revolución Democrática. Los recursos captados por este impuesto, que castigaría directamente a los consumidores, serían transferidos a los gobiernos de los estados.
El 20 de junio de 2007, cuando el Ejecutivo dio a conocer la propuesta de reforma fiscal, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, manifestó que el objetivo del gobierno era que quienes no pagan impuestos o se sirven del marco legal para eludir sus obligaciones, se vieran forzados a contribuir al fisco.
Ortiz manifestó ayer que la propuesta panista de aplicar el impuesto a la gasolina, de prosperar, “puede contaminar la formación de precios”, incidir en un aumento de presiones salariales y en el costo del transporte público.
El conjunto de genéricos que integran el rubro de transporte contribuye con 13.4 de los 100 puntos que conforman el índice nacional de precios al consumidor (INPC), indicador que mide el comportamiento de la inflación. De hecho, su peso ahí es mayor que el de los genéricos relacionados con el gasto en educación, que contribuyen con 11.5 puntos.
En particular, la gasolina de bajo octanaje tiene un peso de 3.19 puntos en el índice de 100 puntos, mientras que la gasolina de alto octanaje alcanza una ponderación de 0.46 por ciento.
El gobernador del banco central manifestó que el eventual nuevo impuesto “es decisión del Congreso que respetamos” pero, afirmó, “no podemos dejar de mencionar que esto sí tiene un impacto inflacionario, que éste tiene dos componentes, uno directo y otro indirecto, y que los efectos indirectos pueden ser nocivos en la medida en que permeen y que afecten negativamente expectativas”.
En el mismo foro, Alberto Youngs, director en México de la firma de calificación de valores Moody’s, dijo que la propuesta de reforma fiscal, tal como se perfila en el Congreso, es demasiado parcial, pues no resuelve el problema de la insuficiencia de recursos fiscales. Se queda corta y no tendrá mayor impacto en la economía del país, agregó.
Youngs declaró que la calificación de la deuda soberana de México, actualmente en grado de inversión, no se verá afectada por el resultado de la negociación sobre la reforma fiscal en el Congreso, debido a la solidez de la economía.
Destacó que, con lo conocido hasta ahora sobre la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la reforma fiscal se quedará corta frente a la necesidad que tiene el Estado de elevar los recursos fiscales disponibles.