Se requieren 35 mil millones de pesos para obras

Presupuesto del Seguro Popular, insuficiente: Córdova Villalobos

Angeles Cruz Martínez

El presupuesto del Seguro Popular es insuficiente para construir la infraestructura hospitalaria que requiere el país, porque “no todo fue considerado en el plan maestro que acompañó el diseño del Sistema Nacional de Protección Social en Salud”, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, José Angel Córdova Villalobos.

Dijo que en este sexenio se requieren invertir alrededor de 35 mil millones de pesos para obras nuevas, remodelaciones y sustitución de hospitales. La obtención de esos recursos, señaló, dependerá del crecimiento del presupuesto, de los “complementos” que autorice la Cámara de Diputados y de lo que aporten los estados –adicional esto último– a los fondos que ya están contemplados en la Ley del Seguro Popular.

En conferencia de prensa, al término de la primera sesión del año del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el funcionario advirtió que “siempre hay necesidad de un complemento, porque el retraso es histórico”. Explicó que en los casi cuatro años que lleva de funcionar el Seguro Popular, la Ssa ha visto que los gobiernos de los estados han invertido en los rubros que presentaban más rezagos, como hospitales, recursos humanos y medicamentos. En otros casos, continuó, han surgido “necesidades no previstas”, como en Hidalgo, donde el gobernador, Miguel Angel Osorio, señaló que debían construirse dos hospitales generales, pero prefirió posponer las obras con tal de empezar la edificación de uno de alta especialidad.

También en Hidalgo, explicó Córdova, tras el paso del huracán Dean se observó que el sanatorio de Tulancingo fue edificado prácticamente sobre un río, que al desbordarse provocó su inundación.

En cualquier caso, los recursos asignados para la operación del Seguro Popular únicamente alcanzan para construir centros de salud y hospitales comunitarios. Para los de tercer nivel, dijo, se necesita que los estados aporten más y recurrir a la iniciativa privada.

De hecho, planteó, “estamos esperando que nos impulsen” para que con la ayuda del sector privado se inicie la edificación de hospitales de alta especialidad en Chihuahua, Querétaro, Culiacán, Ixtapaluca, Acapulco y Torreón. Hasta ahora sólo los sanatorios del Bajío y Tamaulipas han empleado esa fórmula, mientras los de Oaxaca, Chiapas y Mérida se hicieron con recursos federales.

El secretario explicó que el mayor problema es con los hospitales generales. “Nos ponemos a temblar porque sí hay, pero muchos están deteriorados o vienen fenómenos naturales que nos plantean nuevas necesidades”.

De ahí que la Ssa haya decidido solicitar a la Cámara de Diputados 6 mil millones de pesos “como complemento” al presupuesto del año próximo para invertirlo en infraestructura, compra de antirretrovirales para personas que viven con VIH/sida y la ampliación del programa de vacunación universal. Aunque, aclaró, la obtención de dichos recursos está sujeta a la aprobación de la reforma fiscal.

Sobre el VIH/sida, informó que en un plazo máximo de 15 días se publicará el proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 010 sobre prevención, control y tratamiento de la enfermedad, así como la actualización del decreto de creación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Conasida).

Esa fue la instrucción que dio al director de asuntos jurídicos de la Ssa, Bernardo Fernández del Castillo, ex abogado de la Arquidiócesis de México, “quien tiene mucha carga de trabajo”. Descartó que alguna arbitrariedad haya ocasionado el retraso en la publicación de los documentos en el Diario Oficial de la Federación. Más bien, apuntó, fue el Conasida la instancia que se retrasó en la entrega de los proyectos al área jurídica, según la información que le dio el subsecretario Mauricio Hernández Ávila.

Sin embargo, los vocales del Conasida aseguraron que el proyecto de modificación a la NOM quedó concluido en 2006. Incluso se presentó en la sesión del consejo de noviembre de ese año.

Más tarde el secretario encabezó la firma de un convenio entre la Ssa y fabricantes y distribuidores de sucedáneos de leche materna. Los industriales se comprometieron a evitar la promoción de sus productos para menores de un año de edad, siempre y cuando no los requieran.

El objetivo es impulsar la lactancia, pues se ha comprobado que debe ser el único alimento del recién nacido en los primeros meses de vida, ya que lo protege de enfermedades e incluso la muerte. Romeo Rodríguez, coordinador de asesores del secretario, aseguró que con la leche materna se reduce 50 por ciento el riesgo de muerte en el primer año de vida, a causa de diarreas e infecciones respiratorias, y disminuye 14 por ciento la posibilidad de fallecer por cualquier otra causa.

Otros padecimientos prevenibles son la otitis media, alergias, obesidad e inclusive el rotavirus, forma más grave de diarrea que afecta a los menores de dos años, principalmente. Sólo dos empresas se negaron a suscribir el acuerdo: Mead-Johnson y Abott.

Romeo Rodríguez, ex director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, señaló que en 10 estados de la República se concentra 80 por ciento de muertes infantiles ocasionadas por diarreas e infecciones respiratorias (por ejemplo la neumonía), por lo que en esas entidades debe fortalecerse la lactancia.