Negarle la interrupción del embarazo contraviene leyes internacionales, señala
ONG: autoridades de Chihuahua vulneran los derechos humanos de menor violada
Los funcionarios deben ser sancionados, dice
Trasladarán a la niña al DF para que aborte
Las autoridades de Chihuahua que negaron a una niña de 12 años el derecho a interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual vulneran la normativa nacional e internacional, pues pese a sus argumentos “morales y éticos”, está permitido el aborto en esos casos, aseguró el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCF).
La organización recordó que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, agrupación que forma parte del propio observatorio, documentó que agentes del Ministerio Público, funcionarios de la procuraduría, del Tribunal Supremo de Justicia y del sector salud del estado han vulnerado los derechos humanos de la menor –agredida sexualmente el pasado 5 de agosto– al no permitirle acceder a esa garantía, aunque el artículo 219 el Código Penal de Chihuahua establece que hay varias causas, entre ellas el abuso sexual, por las cuales el aborto “no es punible” si se practica en los primeros 90 días de la gestación.
Dicho artículo prescribe además que aquel funcionario que obstruya el acceso a la interrupción legal de un embarazo tiene responsabilidad penal y debe ser sancionado conforme a la ley.
Con esta negativa, de la cual dio cuenta ayer La Jornada, los funcionarios chihuahuenses violan también la recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en la que se exige al Estado mexicano armonizar las legislaciones federal y estatales para que se incluya el acceso a una salud sexual y reproductiva efectivas para ese sector de la población, incluidos los servicios de aborto seguros en las circunstancias permitidas por la ley, normativa internacional que México está obligado a cumplir.
Por ello, el OCF exigió a las autoridades estatales adoptar la reglamentación necesaria para el acceso al aborto legal “en cabal cumplimiento de su código penal y la normativa internacional”; así como que se finque responsabilidad a los funcionarios públicos que han incurrido en omisiones en este caso; que se detenga y procese al agresor de la menor “y se respete de inmediato el derecho legal de la niña a interrumpir su embarazo, producto de una violación”.
Cabe recordar que tras varias gestiones de la ONG con el gobierno estatal, la niña y su madre serán trasladadas a la ciudad de México para que en ésta se realice un aborto legal.