Editorial
Desapariciones: agravio histórico
El pasado 28 de agosto, la senadora Rosario Ibarra de Piedra anunció la creación de un nuevo Frente Nacional contra la Represión (FNCR) que será presentado oficialmente el próximo 2 de octubre, y cuya demanda principal será el esclarecimiento del centenar de desapariciones forzadas que, según la legisladora, han ocurrido durante los últimos siete años: 65 durante el gobierno de Vicente Fox y más de 30 en la actual administración. Entre las organizaciones que integrarán dicho frente destacan la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Eureka.
A finales de la década de los 70, la propia Rosario Ibarra fundó una primera versión del FNCR. Las acciones de denuncia del organismo consiguieron la presentación con vida de 148 desaparecidos durante la guerra sucia, que se encontraban recluidos en cárceles clandestinas. Con respecto al nuevo frente, la legisladora ha asegurado que la necesidad de su constitución obedece a las “condiciones espantosas” que imperan en materia de derechos humanos, acentuadas por el “proceso de militarización, el uso sistemático de la tortura y la intención de criminalizar la protesta social”.
Tras la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia y durante los primeros años del sexenio pasado, el grupo gobernante pretendió difundir una imagen de respeto y promoción de las garantías individuales. Sin embargo, al final de la administración foxista la fuerza pública fue empleada en repetidas ocasiones para reprimir brutalmente y sofocar manifestaciones de descontento social en diversas regiones del país: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca. En el presente sexenio, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos y, por el contrario, han permitido la comisión de otras, como la persecución de líderes sociales, su detención irregular y su encarcelamiento injustificable en penales de máxima seguridad. La reciente condena de los líderes campesinos de San Salvador Atenco a una virtual cadena perpetua es una muestra clara de la tendencia del actual gobierno a equiparar la protesta social con la delincuencia, así como de su marcado desprecio por las garantías individuales.
Las desapariciones políticas son una expresión contundente del deterioro de los derechos humanos en el país e implican un grave daño a la convivencia social. En días recientes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha adjudicado diversos atentados en demanda de la presentación de dos de sus integrantes, quienes se encuentran secuestrados por el gobierno federal, según ha afirmado esa organización político-militar. Por otra parte, en el contexto del conflicto en Oaxaca han ocurrido numerosos casos de desaparición de simpatizantes del movimiento popular encabezado por la APPO. Tales sucesos son tan sólo los últimos eslabones de una inveterada cadena de atropellos por parte de las autoridades.
La incapacidad o falta de voluntad de los últimos gobiernos para sancionar a los culpables por diversos crímenes del pasado –como las matanzas de 1968 y 1971– ha permitido que la impunidad y la injusticia prevalezcan en el país y que, al amparo de éstas, surjan nuevas expresiones de represión en contra de la ciudadanía y los movimientos sociales. Desde esa perspectiva, no resulta extraña la continuidad de medidas represoras tan añejas y deplorables como las desapariciones forzadas: esta y otras prácticas persistirán en tanto que la impunidad otorgue, a quienes supuestamente son los encargados de salvaguardar la seguridad pública, el permiso para delinquir y reprimir.