La Fiscalía pide una multa de 3 mil 600 euros por el delito de injurias contra la Corona
Juez ordena “apertura de juicio oral” contra la revista El Jueves
La portada del número secuestrado en la que aparecen los Príncipes de Asturias, la causa
Sólo una mínima parte de los 80 mil ejemplares publicados han sido retirados por las autoridades
Madrid, 30 de agosto. Los caricaturistas y editores del semanario satírico El Jueves se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados en las próximas semanas, imputados por el presunto delito de injurias a la Corona por llevar hasta la portada de su publicación un dibujo de humor con los Príncipes de Asturias como protagonistas. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Maslaska dictó hoy la “apertura del juicio oral”, mientras que la Fiscalía española –la parte acusadora– solicitó una multa de tres mil 600 euros, con lo que en principio los moneros evitarían una condena de prisión, que según el Código Penal español podría ser de hasta 12 años.
El pasado miércoles 18 de julio se distribuyeron en todos los expendios de periódicos del país, igual que cada semana, los ejemplares de El Jueves. En la portada de dicho número (1573) aparecía una caricatura de gran tamaño con los Príncipes de Asturias en una escena de alcoba: ella, Letizia, con los ojos muy abiertos y expresivos, se sujetaba con fuerza a una almohada mientras su marido, Felipe, se situaba por detrás de ella, en la conocida como la postura del perrito, mientras que el príncipe heredero de la corona señalaba en el diálogo ficticio: “¿Te das cuenta? Si te quedas preñada... ¡esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida!”
Ironía contra el gobierno
La caricatura pretendía hacer alusión a una medida que había anunciado el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para fomentar la natalidad, que consiste en otorgar dos mil 500 euros a las familias por cada niño nacido. A pesar de que la intención de los caricaturistas era precisamente ironizar sobre el nuevo programa público y evidenciar su carácter electoralista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió presentar una querella criminal contra los responsables de la publicación. Dos días después de la distribución del semanario, el magistrado instructor, Juan del Olmo (actualmente de vacaciones, por eso dictó la apertura del juicio oral su sustituto) ordenó el secuestro de la publicación. Esto provocó que desde el citado juzgado español se ordenara a “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que se trasladaran a las sedes de Madrid y Barcelona de la revista y a todos los centros de distribución de este semanario para incautar los ejemplares. La revista editó algo más de 80 mil copias, de las cuales sólo una mínima parte han sido requisadas por la policía.
Unos días después de que se ordenara el secuestro de la revista, el juez Del Olmo citó a declarar ante su despacho a los dos autores de la caricatura, Guillermo Torres y Manel Fontdevila, que tuvieron que acudir a un tribunal especial creado para juzgar delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico y fraude. En su primera declaración, los humoristas señalaron que “en ningún caso queríamos cometer injuria, simplemente queríamos hacer burla de una medida del gobierno socialista”, al tiempo que defendieron su libertad para hacer humor de “los sucesores de la Corona, que son habituales en nuestra revista; por eso, ¡qué más da que estén en la portada o dentro de la publicación!”, señalaron.
Celeridad sorprendente
Con una celeridad poco habitual en los procesos judiciales españoles, el juez Del Olmo dictó un auto el pasado 27 de julio, es decir, sólo siete días después de que se ordenó el secuestro de la publicación, en el que apreció “indicios de delito” y les imputó el de injurias contra el sucesor de la Corona fuera de su función institucional y menoscabo del prestigio de ésta, lo que está castigado con una multa de hasta 24 meses.
La Fiscalía española pidió así que los autores del dibujo sean condenados a pagar una multa de tres mil 600 euros, cifra que se deriva de una cuota diaria de 12 euros durante diez meses.
Una vez decretada la apertura del juicio oral, ahora corresponde al juzgado de lo penal de la Audiencia Nacional que fije la fecha del comienzo del proceso.