Ex edil de Ramos Arizpe y senador de AN habría dado descuento de 98% a empresa
Indagan anomalías en concesión de basurero
Ampliar la imagen
El senador panista Ernesto Saro Boardman, a quien se acusa de haber causado un quebranto al erario del ayuntamiento de Ramos Arizpe, al entregar la concesión de un confinamiento de residuos a la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas
Foto: La Jornada
Saltillo, Coah., 30 de agosto. El Congreso local inició una investigación contra el senador panista Ernesto Saro Boardman, debido a que en 2005, cuando era alcalde de Ramos Arizpe, autorizó la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en el ejido San Andrés a la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas, pero ésta sólo pagó 2 por ciento de los derechos a cambio de obtener los permisos municipales.
Jesús González Valdés, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Saro Boardman permitió que los empresarios Enrique Osuna Westrup, Andrés Oyervidez Ramírez, Lidia y José Luis Martínez Díaz, propietarios de dichas tierras y socios de la compañía, pagaran sólo 100 mil pesos por una serie de trámites por los que en realidad debieron haber pagado 5 millones 740 mil pesos.
El legislador detalló que se trata de la subdivisión de tres predios, uno de 11 mil 200 hectáreas, otro de 14 mil 750 y uno más de 6 mil hectáreas, así como de un proceso de fusión de un terreno de 5 mil 600 hectáreas.
“Por estos derechos de subdivisiones y fusión la empresa debió pagar al ayuntamiento 5 millones 740 mil pesos, pero Ernesto Saro y su cabildo autorizaron, en una clara acción de quebranto al patrimonio de los ramosarizpenses, un estímulo de más de 98 por ciento sin que se haya señalado el fundamento legal del extraordinario beneficio otorgado”, anotó González Valdés.
Además, agregó, el entonces alcalde y actual senador por Coahuila entregó a los empresarios los permisos para la construcción del Centro Integral para el Manejo, Aprovechamiento, Estabilización y Tratamiento de Residuos Industriales Peligrosos el 23 de diciembre de 2005, tres días antes de que el cabildo emitiera la autorización correspondiente.
Según el priísta, la investigación del caso, a cargo de una comisión especial de diputados locales, podría derivar en denuncias penales, “pues está claro que la actuación del ex alcalde permitió el quebranto a la hacienda municipal al conceder estímulos sin precedentes y permisos antes de que hayan sido solicitados”.