Finalizan expertos seminario sobre juicios orales
Demandan reforma judicial acorde con realidad sociocultural mexicana
La eventual reforma al sistema de justicia penal –en el que los juicios orales juegan un papel importante, pero no definitivo– debe tomar en cuenta la realidad sociocultural de México y las condiciones económicas, de recursos humanos y materiales y de capacitación necesarios.
Especialistas en el tema coincidieron en señalar lo anterior en el seminario Juicios orales y debido proceso legal, el cual concluyó la tarde de ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En ese contexto, Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, llamó la atención en que una reforma de ese tipo debe tomar en cuenta necesariamente cuestiones como la libertad personal, el trato digno en la detención y el encarcelamiento, las penas alternativas a la prisión y el sistema penitenciario.
Agregó en su intervención que un cambio en el sistema jurídico debe impactar en revertir también la situación actual, en la que 60 por ciento de los presos está en la cárcel sin sentencia definitiva.
Destacó que para avanzar hacia un “sistema acusatorio” se debe tomar en cuenta no sólo los juicios orales, sino todos los aspectos señalados, además de avanzar hacia la independencia plena de tribunales y jueces, así como tomar en cuenta los derechos de las víctimas y la reparación del daño.
Agregó que un análisis hecho recientemente reveló que existen graves carencias a nivel procesal, además de una gran desproporción entre sueldos de defensores públicos, agentes del Ministerio Público y jueces, situación que demanda una solución definitiva en un nuevo sistema.
A su vez, Javier Pax, catedrático de la Universidad Panamericana, llamó la atención en que los juicios orales ya están presentes en el sistema judicial de algunos estados, mientras el problema radica en la estructura actual en que el Ministerio Público es juez y parte en la etapa inicial de la averiguación previa, lo que desequilibra la igualdad que debe tener todo proceso.
Cuando se consigna un asunto ante el juez, explicó, éste emite su resolución con base en las pruebas y elementos que determina unilateralmente el Ministerio Público, el cual incluso puede consignar a una persona con la sola presencia de dos testigos, sin necesidad de que en el desahogo de pruebas esté presente la parte acusada.
“Sería como si jugáramos un juego de ajedrez en el que las piezas blancas tiran cuatro veces seguidas por una vez que lo hagan las negras.”
Así, el sistema vigente debe modificarse por uno acusatorio, que garantice el equilibrio entre todas las partes, abundó.
Aseveró que juicios orales tendrían un papel secundario en una reforma judicial de carácter acusatorio.
Al respecto, Sarre opinó que los juicios orales deben incluirse en ese sistema acusatorio, aun cuando dejó en claro que esos procesos son sólo una parte de la reforma integral que se requiere.
Ana Laura Magaloni, del Centro de In-vestigación y Docencia Económicas, coincidió en señalar la necesidad de una reforma integral, y subrayó que para llevarla a cabo hay dos aspectos fundamentales: un gran consenso entre las principales fuerzas políticas para avanzar en la misma línea y que se tenga claridad en la problemática que implica una estrategia a largo plazo.
Destacó que 47 por ciento de las personas en prisión en la capital está acusado de haber robado bienes que no superan mil pesos; es decir, la mayoría no es de profesionales del delito ni se dedican al crimen con violencia.
Por otro lado, coincidió con Celia Blanco, catedrática de la Universidad Iberoamericana, en de que de las tres principales propuestas de reforma al sistema de justicia –la presentada por la Red Nacional a Favor Juicios Orales, la del Frente Amplio Progresista y la del presidente Felipe Calderón– la más completa es la de la coalición que encabezan los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, y que existe una coyuntura política y la exigencia social para avanzar hacia la renovación del sistema de impartición de justicia en el país.