La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría atraer las pesquisas
ONG exigen que se acaten recomendaciones de la CIDH en el caso Rosendo Radilla
Diversas organizaciones sociales celebraron el exhorto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al gobierno mexicano para investigar, sancionar y reparar el daño a los familiares de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974, en el que se exhorta al Estado mexicano a investigar su desaparición forzada. Este caso es “paradigmático” porque de no cumplirse las recomendaciones –que se mantuvieron en secreto– antes del 15 de octubre podría ser el primero de la guerra sucia que atraiga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el contexto del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, las organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciaron la campaña Crímenes de Estado y desaparición forzada: nunca más, con la que pretenden que la sociedad exija a las autoridades mexicanas la verdad, justicia y reparación de los crímenes del pasado.
“En términos de derechos humanos, esos tres componentes son esenciales para lograr acceso a la justicia”, señaló Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).
Representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la RTDT, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y del Comité 68, entre otros, realizaron diversas acciones para “recordar al Estado que tienen una deuda con los casos de los desaparecidos”.
En la sede de la dirección general de investigación de la Procuraduría General de la República –órgano que atrajo las investigaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tras su desaparición– los activistas denunciaron que a nueve meses de la disolución de ese órgano judicial, 26 casos que estaban por consignarse ahora “están olvidados”.
Además del caso Radilla, se han presentado ante la CIDH seis expedientes más de desapariciones forzadas, aunque las ONG trabajan en un “paquete más amplio” de entre 30 y 40 casos más, que en breve llevarán ante ese órgano internacional.
De manera oficial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en su informe general de 2001 sobre desapariciones forzadas 532 casos ocurridos en el periodo de la guerra sucia; sin embargo, algunos organismos civiles aseguran que hay al menos mil 200 desaparecidos; mientras que la extinta Femospp documentó que hubo 800 víctimas de desapariciones, 120 ejecutados extrajudiciales y 2 mil víctimas de tortura en ese periodo.
En tanto, en el cruce de Insurgentes y Reforma, otro grupo de activistas realizó una entrega de información a los transeúntes sobre lo que significaron las desapariciones forzadas, “las cuales son preocupante que se sigan presentando, como en el caso de los dos eperristas desaparecidos en Oaxaca”.
Al respecto, los activistas afirmaron que es necesario que la sociedad exija justicia y sanciones para estos casos, porque de lo contrario “la impunidad de la que gozan los culpables de estos delitos provocará que estos crímenes se repitan en el actual contexto”.
Por su parte, el Comité 68 presentó ante la PGR una lista de 26 personas (ex funcionarios) que “pueden tener conocimiento del destino o paradero de las personas que fueron desaparecidas”. Entre los personajes que destacan en esta lista se encuentran los generales Arturo Acosta Chaparro y Jorge Carrillo Olea; el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y el actual legislador Manlio Fabio Beltrones.