Es un hecho, los consejeros del IFE se van, afirma el perredista Carlos Navarrete
Proponen prohibir la propaganda negra y que gremios formen partidos
Presenta la CENCA proyecto sobre reforma electoral; reducirán costos y tiempos de campaña
Sin hacer referencia al tema de la salida de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), ayer se dio a conocer el proyecto de decreto sobre la reforma constitucional en la materia que, entre otros puntos, prohíbe a las agrupaciones gremiales conformar partidos políticos, rechaza el uso de “propaganda negra” contra personas e instituciones, y plantea la sustitución escalonada de los magistrados electorales.
También incluye la reducción de los plazos y costos de campaña; fija tiempos y financiamiento límite para las precampañas; crea una contraloría interna del IFE, y señala que en la reforma legal se precisarán los motivos por los que se podrá declarar la nulidad de una elección.
Al término de la presentación del proyecto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, aseguró: es un hecho que se van los consejeros y el dictamen que se someterá a votación en el Senado el próximo martes incluirá esta decisión.
Puntualizó que la medida no se incluyó en el documento presentado ayer, por estrategia parlamentaria, pero el cese de los consejeros es un asunto que “ya está resuelto”. Entre el viernes y el lunes afinaremos la propuesta en las comisiones dictaminadoras del Senado.
Una vez que la apruebe el Senado se enviará a la Cámara de Diputados para los mismos efectos, y de ahí se enviará a los congresos estatales para su aprobación.
Trascendió que PRI, PAN y PRD no sólo acordaron el retiro de los actuales consejeros del IFE, sino también de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero aún no hay consenso sobre la forma en que serán removidos. Se busca un mecanismo que cause los menores problemas legales.
Desacuerdo sobre la forma
En el caso de los consejeros del IFE, el PAN propone que salgan de tres en tres, pero PRD y PRI insisten en que se vayan todos en un solo acto. Una oferta que se empezó a analizar de último momento plantea la salida inmediata de cinco o cuatro antes del próximo año. Este punto se seguirá negociando hasta el próximo lunes.
La propuesta de reforma prevé la modificación de ocho artículos constitucionales: 41 y 49 en su totalidad, y 85, 97, 108, 116, 122 y 134 de forma parcial.
Por la mañana, en la sesión de la subcomisión redactora que preside el panista Diódoro Carrasco, se dio un ríspido debate por parte de los partidos pequeños por la pretensión de reducirles el financiamiento, su representación en el Congreso y modificar los términos para integrar coaliciones electorales. Adicionalmente, el Partido Nueva Alianza (Panal) manifestó su inconformidad por la propuesta de impedir que agrupaciones gremiales conformen partidos políticos.
En el fondo de su reclamo se hizo evidente su posición en contra de cesar a los actuales consejeros electorales, cuyo nombramiento fue negociado por la entonces coordinadora de los diputados federales del PRI, Elba Esther Gordillo, quien incluso propuso a Luis Carlos Ugalde como presidente del IFE.
La molestia del Panal llegó a tal grado que su representante, el diputado Miguel Ángel Jiménez, se retiró de la reunión y amagó con hacer lo mismo en la sesión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), donde se presentó el proyecto de reforma constitucional.
No obstante, el legislador se contentó con manifestar sus quejas de que no se honró ni se respetó con pulcritud la “norma que nos dimos”. Como ejemplo de lo anterior refirió que el artículo ocho de la ley para la reforma del Estado señala que se buscará alcanzar el mayor consenso posible, y sin duda no se hizo el máximo esfuerzo con el grupo minoritario.
Aseguró que los partidos pequeños conocieron el documento dos horas antes de hacerse público, consideró sospechosa la prisa con que se integró y criticó que en la comisión redactora sólo haya estado un asesor, por lo que pidió que en las sesiones subsecuentes se sumen los otros asesores.
A sus reclamos se sumaron los partidos del Trabajo, Alternativa Socialdemócrata y Convergencia.
Alejandro Chanona, de Convergencia, también se refirió a la necesidad de que la comisión redactora se integre con el grupo completo de asesores, entre los que se encuentran Porfirio Muñoz Ledo, Diego Valadés y Rolando Cordera.
Al sumarse dichos asesores, Muñoz Ledo refirió que prácticamente se acaba de constituir, ahora sí, la comisión redactora de la reforma electoral, cuyo proyecto, elaborado en su mayor parte por Jorge Alcocer, criticó al considerar que se trata del más pobre que se ha hecho en años recientes.
Los reclamos de los partidos emergentes contra la reducción del financiamiento que reciben dieron resultado, y al final de la sesión matutina se acordó encorchetar el tema para su discusión en comisiones, aunque en el artículo transitorio dos se señala que esa disposición entraría en vigor en 2010. La pretensión de estos institutos es mantener el esquema vigente, mediante el cual obtienen 70 por ciento de recursos en función de su fuerza electoral y 30 por ciento de una bolsa de equidad.
En el momento en que hablaban los representantes de estos partidos, integrantes de Alianza Cívica entraron al salón donde se realizaba la presentación del proyecto para colocar una manta con la leyenda: “ya bajenle.org.mx”, en referencia a su demanda de que se reduzca el financiamiento a los institutos políticos.
El artículo 41 de la Constitución refiere que el financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija Presidente de la República, senadores y diputados equivaldrá a 50 por ciento de lo que corresponde a cada partido por actividades ordinarias.
También indica que la ley fijará límites a las erogaciones en los procesos internos y las campañas electorales de los partidos. La propia legislación fijará el monto máximo que tendrán las aportaciones de simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente el 10 por ciento del tope de gasto fijado en la última campaña.
Asimismo, queda prohibido el uso de propaganda que denigre a instituciones, partidos o personas. Acerca de la controlaría interna que se creará en el IFE, ésta tendrá la función de fiscalizar sus ingresos y egresos. También se propone ampliar de siete a nueve años el periodo de los consejeros electorales y de los ministros. Ninguno de ellos podrá ocupar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado en los dos años siguientes a la conclusión de su mandato.
Acerca del artículo 99, se puntualiza que la sala superior y las regionales del TEPJF sólo podrán declarar la nulidad de la elección por las causales que se determinen en las leyes.
Además, se plantea otorgar facultades al IFE para que pueda sancionar a partidos, agrupaciones, personas físicas o morales que infrinjan las disposiciones legales. Con ello se alude a la falta de herramientas que argumentó el instituto para no poder sancionar a los empresarios que contrataron publicidad para atacar a un candidato presidencial en 2006.
El proyecto de decreto será presentado hoy a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el propósito de que sea turnada a comisiones y la próxima semana se tenga listo el dictamen para su aprobación en el pleno. Manlio Fabio Beltrones planteó la importancia del documento al señalar que la única reconciliación posible es la que pasa por las reformas institucionales.