Está contemplada la renovación total del IFE
Cede el PAN y hoy habrá proyecto de reforma electoral
La forma en que se removerá a consejeros atora discusiones
A pesar de la resistencia del Partido Acción Nacional (PAN), las fuerzas políticas en el Congreso presentarán hoy el proyecto de reforma electoral, que incluye un nuevo marco jurídico en materia de comicios y la renovación total del Instituto Federal Electoral (IFE), con la consecuente salida de los consejeros, este mismo año o a más tardar en 2008.
La propuesta de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) es reformar siete artículos de la Constitución, entre ellos el 41, y crear un transitorio, en el que se establezca “la conclusión anticipada del mandato” de los integrantes del Consejo General del IFE. Las negociaciones se prolongaron hasta muy noche sin que se llegara al consenso requerido, toda vez que el PAN insistió en que la salida debe ser escalonada.
Para salvar ese punto se decidió presentar la propuesta de reforma electoral con algunos artículos “encorchetados”, es decir, sujetos a negociación en el debate que se dará en las cámaras. Entre ellos está la remoción de los consejeros electorales, y quién tendrá a su cargo el Registro Federal de Electores y el nombramiento del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade).
Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores. La oposición sola no logra esa proporción y por ello se busca el consenso con el PAN. La discusión giró en torno a la salida de los consejeros.
A excepción del blanquiazul, las demás fuerzas políticas coincidieron en que el Consejo General, con Luis Carlos Ugalde a la cabeza, debe ser renovado en su conjunto, ya que no garantizan la equidad y transparencia de los comicios de 2009. De acuerdo con varios legisladores que participan en esa negociación, el único que ha defendido a los consejeros es el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, quien en los últimos días utilizó una argumentación idéntica a la esgrimida el martes pasado por Ugalde, en el sentido de que su salida sería un reconocimiento a que hubo fraude en los comicios de 2006.
Su actitud contrastó con la de los senadores del PAN, quienes se abrieron a las negociaciones, aunque Larios insistió en que los consejeros salgan de manera escalonada: es decir, tres en 2008, otros tres en 2009 y los restantes tres concluyan su mandato en 2010.
Sin embargo, PRI y PRD mantienen la decisión de que los nueve consejeros sean removidos este mismo año –al concluir hacia octubre el proceso constitucional–, ya que una salida escalonada puede provocar que los tres primeros en salir se amparen bajo el argumento de una aplicación selectiva de la ley. Por ello, y por considerar que no garantizan elecciones confiables, PRI y PRD han mantenido la postura de que todos los consejeros salgan, sobre todo después de la posición adoptada la víspera por Ugalde. El coordinador perredista, Carlos Navarrete, dijo ayer, luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política, que no comentaría las acusaciones del aún presidente del IFE porque, dijo, “a quien ya se va, puente de plata”. Otro perredista, Ricardo Monreal, advirtió que se trata de “una imprudencia de Ugalde, que sólo viene a demostrar que no se le puede mantener, ya que sería revivir el 2006 en 2009”.
Mientras, el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, lamentó que Luis Carlos Ugalde adopte tal postura ya que, dijo, las fuerzas políticas representadas en el Congreso tomaron ya el acuerdo de “buscar que la salud del IFE quede garantizada con la renovación escalonada de los consejeros”.
Los representantes de los partidos y los grupos parlamentarios se volverán a reunir hoy, previo a la reunión de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA), citada para las cinco de la tarde. En cuanto a los cambios propuestos en torno a las coaliciones, hay consenso entre PRI, PAN y PRD, pero los partidos pequeños están en contra, toda vez que la nueva reglamentación obliga a que cada fuerza política que participe coaligada lo haga a través de candidaturas comunes, con su propia boleta.
Anoche se discutía aún en torno al Registro Nacional de Electores, ya que el PAN pretende que sea el Consejo Nacional de Población (Conapo) el que esté a cargo de ese organismo, el PRI propone que sea el INEGI el responsable de esa tarea, y el PRD pide que quede a cargo de un órgano autónomo. Como no hubo consenso, se decidió también encorchetar ese punto.
También quedará con corchete el nombramiento del titular de la Fepade, ya que aunque los negociadores panistas habían respaldado que sea designado por el Senado a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, a última hora se echaron para atrás.
A la nueva reforma electoral algunos la llaman “la reforma del mea culpa”, porque reglamenta algunos de los puntos más controvertidos en las elecciones del pasado 2 de julio de 2006, entre ellos, impedir las campañas negras, la guerra sucia, como la que se puso en práctica en contra de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, se establecen sanciones para el candidato que contrate promocionales para atacar o satanizar al adversario, pero también para la organización responsable de financiarlos y para el medio de comunicación que los transmita.
Asimismo, se regulan campañas y precampañas. En el caso de estas últimas se precisa que serán de 60 días, en el caso de las contiendas por la Presidencia de la República, y de 45 días para elección de senadores y diputados. La campaña presidencial se reduce de 180 a 90 días, y aquel partido o candidato que vulnere tal disposición se le sancionará incluso con la anulación del registro y la candidatura.
Se reduce el financiamiento para campañas en 50 por ciento, se establecen nuevos topes y se endurecen los requisitos para el registro de nuevos partidos. De entrada, en lugar de cada tres años será cada seis cuando se abra el registro para integrar fuerzas políticas. Hay acuerdo en presentar hoy la iniciativa que modifica los artículos 41, 83, 97, 99, 105, 116 y 122 de la Constitución, para crear un nuevo orden jurídico en materia electoral.