Teme que si se libera a los acusados podrían tomar represalias contra las víctimas

ONG demanda castigo para militares que violaron a 13 mujeres en Coahuila

La omisión del Poder Legislativo ha permitido que el Ejército esté en las calles, subraya

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio emitió un llamado urgente al juez penal que tiene a su cargo la sentencia en contra de los militares procesados por la violación de 13 mujeres en el municipio de Castaños, Coahuila, para que a la brevedad emita una resolución legal en el tema.

Las 42 organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, de género y humanos agrupadas en este frente se sumaron a las voces, como la del obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, quien señaló que los militares acusados, si no son sentenciados, “van a salir a matarlas”, lo cual se convierte en una amenaza probable, dada la inacción gubernamental al respecto.

En un comunicado, se hicieron eco del llamado diocesano al juez de la causa para analizar y ponderar las acusaciones realizadas por las víctimas, con el objetivo de que la resolución judicial “se convierta en un caso paradigmático que ejemplifique, sin lugar a dudas, qué es lo que sucede en la legalidad cuando los militares abusan de su fuero de guerra.

“De no ser así se estará enviado un mensaje de impunidad y permisibilidad criminal a un Ejército que no atiende los dictados de la Constitución”, se agrega en el documento.

Refiere que la preocupación del obispo Vera, que comparte este Observatorio Ciudadano, es que las víctimas y su representación legal han sido constantemente hostigadas, amenazadas en sus bienes y en sus vidas, sin que el Estado cumpla con su obligación de salvaguardarlas, “y no nos referimos solamente al gobierno de Coahuila, sino a los tres niveles de gobierno que no se han ocupado de otorgar medidas cautelares de protección”.

Su llamado lo extendieron al Poder Legislativo, “cuya omisión ha permitido que el Ejército se encuentre todos los días en la calle, en abierta violación del artículo 129 constitucional, y nos referimos también al Poder Judicial, que con su dilación en la resolución de este caso ha permitido la incertidumbre y la continuación de la amenaza antes mencionada a las víctimas”.