Adherentes a la otra campaña exigen que cese el hostigamiento a las comunidades
Condenan desalojos en Montes Azules a manos de policías y civiles armados
Indígenas adherentes a la otra campaña de la región Candelaria en Ocosingo, Chiapas, así como miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente (Aric-I) y también la directiva de la Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática (Aric-UU ID), expresaron su rechazo a los desalojos realizados por el gobierno y grupos civiles armados este fin de semana bajo el pretexto de la “propiedad” de la comunidad lacandona sobre miles de hectáreas de la selva Lacandona.
Los adherentes de la otra campaña (quienes no son bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional) refieren que el sábado “aterrizaron helicópteros con elementos de diferentes corporaciones policiacas para desalojar a nuestros compañeros de la comunidad San Manuel; fueron juntadas todas las compañeras y sus hijos, y luego fueron llevadas del pelo, a golpes, y subidas a los helicópteros. Los agentes se llevaron todas las pertenencias de nuestros compañeros y destruyeron sus casas, rompieron puertas y ventanas con sus armas”.
Exigen que cese el hostigamiento a las comunidades “que sufren el intento de desalojo en Montes Azules”, y se permita a los pobladores de San Manuel el retorno inmediato. Demandan la libertad de Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Juan López Gómez, Tomás López Gómez y Daniel y Jesús Gordillo Trejo, “detenidos injustamente por defender su tierra”. Además, convocan a la otra campaña para que “realice acciones para frenar esta represión. Solicitamos su presencia de manera urgente en la región para proteger a nuestras comunidades”.
En otra comunicación, la Aric Independiente de la misma región Candelaria relata el desalojo este sábado en la ranchería Buen Samaritano de la familia de Elmer Gordillo Roblero, “sin la comunicación de dónde se encuentra esa familia”. El domingo “muchas cabezas de ganado fueron robadas por los paramilitares, que saqueraron el lugar y una buena cantidad de dinero, mientras destruían casa y milpas, protegidos por cinco helicópteros estacionados y otros viajando”. Al mismo tiempo “desalojaban San Manuel violentamente”.
Los ariqueros demandan “alto a la violencia y al desalojo de nuestros hermanos posicionados en esas tierras. Sigue entrando gente desconocida que viene rumbo a Palestina, armados y con la intención de desalojar y robar”. Mientras, continúan los vuelos de helicópteros en muchas partes de la selva. Exigen a los gobiernos federal y estatal “que resuelvan pacíficamente estas violencias y abran una negociación para pagar sus bienes a San Manuel y el Buen Samaritano, ya que todos tenemos el derecho de vivir en paz, sin la violencia de los gobernantes”.
Por su parte, en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa, la llamada Aric UU ID, que venía realizando negociaciones con las autoridades para la “reubicación” de algunas comunidades de Montes Azules en la cuenca del río Negro, manifiesta preocupación “por la tensión, incertidumbre e inseguridad producidas por el desalojo y desplazamiento de San Manuel y Buen Samaritano”.
La organización añade: “respetamos el proceso de negociación que mantenemos en la mesa agraria-ambiental y pedimos respeto hacia nuestra organización y a las comunidades que representamos para la regularización de los poblados San Antonio Miramar, Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal, Salvador Allende y Guadalupe Tepeyac”.
Como parte de este proceso, y dados los últimos acontecimientos, la Aric-UU ID “pide” una confirmación pública y escrita de parte de las autoridades, que manifieste que la resolución de la actual situación de los cinco poblados mencionados se va a hacer efectiva en la mesa de negociación en que participan, y “se garantice la seguridad de las personas y familias de los cinco poblados y de la región”.
La ARIC UU ID dice apostar “por la vía del diálogo, y no acepta otras formas de acción que vulneran y ofenden a la población y que pueden suscitar otro tipo de reacciones”. En el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratifica su posición “de defensa y respeto a la mesa de negociación”.