Todas las acciones, apegadas a derecho: Lozano
Defiende la STPS postura del gobierno en el conflicto minero
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Trabajadores de la mina de zinc en San Martín, Zacatecas, por órdenes de las autoridades reanudaron labores el pasado 9 de agosto
Foto: Ap
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, defendió ayer la postura del gobierno federal en el conflicto minero, y sostuvo que las acciones realizadas no han sido irresponsables, pero sí "firmes" y apegadas a la legalidad.
El funcionario envió una extensa misiva al presidente internacional de la United Steelworkers, Leo W. Gerard, en la cual le responde a los cuestionamientos sobre el asunto. El dirigente inclusive le pidió acabar con la "campaña de terror" contra el sindicato y su líder, Napoleón Gómez Urrutia, y sostuvo que exigirá al Congreso de Estados Unidos que detenga la aprobación de cualquier ayuda económica o de seguridad para el gobierno de Felipe Calderón hasta que se llame a cuentas a Grupo México.
Lozano Alarcón aseguró a Gerard, sobre la presunta responsabilidad de empleados y directivos de Grupo México, que "cinco casos fueron consignados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y procesados en los términos consecuentes por la autoridad judicial de esa entidad", de los cuales la mayoría son empleados operativos de la mina, quienes salieron libres tras pagar fianzas mínimas.
En cuanto a la petición de cancelar las concesiones a Grupo México, respondió que no hay "causales" para ello, según los artículos 42 y 55 de la Ley Minera.
Además, respecto de la tragedia ocurrido en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero del año pasado, a contrapelo de lo que han dicho las viudas de los trabajadores, el funcionario afirmó que se han privilegiado las labores de rescate de los cuerpos. Se ha brindado, dijo, atención a los familiares de las víctimas, y se trabaja para dar a conocer las causas que originaron la explosión. Asimismo, se busca determinar y sancionar a los responsables.
Añadió que las líneas de investigación "se realizan al margen de presiones políticas y de expresiones ajenas al estricto cumplimiento de la normatividad".
Sobre la situación legal de Gómez Urrutia, Lozano Alarcón puntualizó que el tema escapa a las atribuciones del jefe del Ejecutivo, pues se trata de denuncias presentadas en Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí "por trabajadores del propio sindicato contra su secretario". Las autoridades, aseveró, desahogan los juicios conforme a los términos de cada legislación.