Católicas por el Derecho a Decidir

Reflexiones sobre la laicidad del Estado

De todas y todos es sabido que los intentos de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica de vulnerar y, si le fuera posible, erradicar el carácter laico del Estado mexicano están cada vez de manera más presentes en el debate público y en la conciencia colectiva. La cruzada emprendida recientemente por la jerarquía en estrecha colaboración con algunos diputados del Partido Acción Nacional ha rebasado todos los límites, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones.

A nosotras nos interesa señalar algunos puntos de esta demanda de la jerarquía, hoy convertida en intensa polémica, que constituyen un marco de referencia para el tema que nos convoca.

En primer lugar se están tergiversando los conceptos, y malinterpretando sus implicaciones con el claro propósito de manipular una vez más las conciencias y en este caso las posiciones políticas de quienes tienen en sus manos las reformas a la Constitución y a las leyes.

Los detalles han sido comentados por expertos y expertas, pero interesa destacar las incongruencias que emanan de esta nueva cruzada:

? Enarbolar la libertad religiosa desconociendo su histórica oposición a ella al no conceder legitimidad a otras iglesias, hecho ratificado recientemente por el Papa Benedicto XVI;
? Tergiversar el sentido de la libertad de creencias y de cultos, al negar que se trata precisamente de la primera libertad religiosa;
? Aducir la falta de garantías individuales de los ministros de culto sin asumir que como integrantes de una institución religiosa, con privilegios de otra índole, deben aceptarse determinadas restricciones;
? Desconocer el fuero al que todavía recurre la jerarquía en el caso de crímenes tan abominables como el abuso sexual y la violación sexual y reclamar al mismo tiempo que las leyes les confieran todas las libertades;
? Encubrir los intentos de convertir su agenda moral conservadora en políticas públicas que constriñen el ejercicio de derechos básicos de todas las personas y específicamente de las mujeres.

En fin, desconocer las bondades del carácter laico del Estado en tanto garante de la convivencia armónica de la pluralidad religiosa, porque limita privilegios de los que la Iglesia católica abusó en el pasado, es otro intento a todas luces reprobable de la jerarquía conservadora de constreñir los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía mexicana, en un contexto de creciente avance para el ejercicio de estos derechos.

Cuando una institución ha abusado de su poder simbólico, para obtener prebendas políticas y económicas, como lo ha hecho la Iglesia católica institucional, con el propósito de proteger su imagen e imponer sus intereses particulares a la ciudadanía de un país multicultural y plural como México, necesariamente tienen que ponerse límites a estos intentos hegemónicos. En todo caso si se quieren ejercer otros derechos actualmente limitados para los ministros de culto, existe la opción de dejar de ser ministro de culto para convertirse en diputado. Lo que es inaceptable es que pretendan ser los únicos que tienen derecho a todos los privilegios.

Nosotras somos conscientes de que el carácter laico del Estado mexicano es condición imprescindible para la protección y garantía de los derechos humanos de mujeres, de adolescentes y jóvenes y de quienes expresan la diversidad sexual, así como para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. La antropóloga Marta Lamas lo planteó en un trabajo precursor, de 1995, en el que afirmaba que la deconstrucción simbólica y el laicismo son condiciones imprescindibles para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

La laicidad constituye el requisito esencial para la existencia de una institucionalidad que posibilite el pluralismo, la democracia y la expresión de la diversidad en el marco del absoluto respeto a los derechos humanos. Esto es así porque establece un fundamento institucional desprovisto de hegemonías de conciencia. En este sentido, la laicidad, no es una ideología, sino ante todo, un principio de organización del Estado.

Además de mantener una nítida separación entre el Estado y las iglesias, la laicidad implica el reconocimiento de la soberanía popular y de la igualdad jurídica de ciudadanas y ciudadanos ante la ley, así como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, creencias y culto, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

De aquí se desprende también la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada: el dominio sobre el propio cuerpo es un principio de libertad sin el cual es imposible el ejercicio de la ciudadanía y por ende, la vigencia de la democracia.

Un Estado democrático y laico es pues aquél que garantiza la convivencia respetuosa y libre de múltiples ideologías y credos, con una única restricción: respeto por el derecho de los demás al ejercicio de la libertad de conciencia y de pensamiento.

El Estado laico debe promover los valores cívicos que en el proceso de secularización han construido la legitimidad del Estado democrático basado en la voluntad popular: la tolerancia, la libertad, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos.