Ulises Ruiz: "parcial", el informe de Khan; lo hicieron consejeros de la APPO, dice
Amnistía, "escandalizada" por el "ciclo vicioso de abuso y violencia en Oaxaca"
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Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe Oaxaca, clamor por la justicia, en el cual denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado
Foto: Ezequiel Gómez Leyva
Oaxaca, Oax., 31 de julio. Amnistía Internacional (AI) exigió a los gobiernos federal y estatal, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), investigar violaciones graves de los derechos humanos documentadas entre junio de 2006 y abril pasado en Oaxaca, a causa del conflicto político-social en el estado, para que sean castigados los responsables.
En respuesta, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el informe sobre la situación en la entidad es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
AI "está escandalizada por la situación que se ha presentado en Oaxaca; una respuesta autocrática (a las protestas sociales de la APPO), llena y plagada de violaciones a los derechos humanos, sólo perpetuará un ciclo vicioso de abuso, violencia y descontento", afirmó la secretaria general del organismo internacional, Irene Zubaida Khan, quien presentó, en conferencia de prensa, el informe Oaxaca: clamor por la justicia.
De acuerdo con el documento, policías federales, estatales y municipales, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia estatal y autoridades municipales que apoyan al partido en el gobierno de Oaxaca, el PRI, han incurrido en uso de fuerza excesiva, detención arbitraria y un régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, así como amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, además de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo.
Agregó que no se han aclarado las circunstancias en que murieron al menos 18 personas, entre ellas el periodista estadunidense Brad Will, ni se ha identificado ni sometido a proceso a ninguno de los presuntos responsables. Se acotó que en varios de esos casos participaron miembros de la policía no uniformada, o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con fuerzas de seguridad.
Acompañada por el investigador de AI para México, Rupert Knox, la abogada en derecho público internacional y derechos humanos, originaria de Bangladesh, sostuvo que muy pocas violaciones a los derechos humanos perpetradas en Oaxaca se han investigado sin dilación, de forma imparcial y en profundidad.
"Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades", señaló. Agregó que a las víctimas se les ha negado el acceso a abogados, a atención médica y a procesos justos, porque la mayoría de las evidencias en su contra "fueron fabricadas".
Khan subrayó que los esfuerzos de las autoridades para presentar "como criminales y subversivos" a los simpatizantes de la APPO "no son más que una táctica para evadir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos", como homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, negación de un juicio imparcial y pasividad ante la queja de abusos.
Indicó que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de mantener el orden público y proteger la seguridad de la sociedad, "pero los abusos cometidos han violado tratados internacionales de derechos humanos que México se ha comprometido a respetar.
"La prueba más importante para una democracia es cómo manejar dentro de la ley las protestas de opositores, y no permitir que las fuerzas de seguridad pasen los límites marcados", apuntó.
Destacó que AI, a pesar de terminar el informe Oaxaca: clamor por la justicia apenas en junio pasado, aún documenta violaciones a garantías en la entidad, como las ocurridas en el enfrentamiento entre policías y simpatizantes de la APPO el pasado día 16 en las inmediaciones del cerro del Fortín.
Manifestó su "particular preocupación" por el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez, quien se encuentra en coma en el Hospital de Especialidades por traumatismo craneoencefálico, resultado de una golpiza que la policía le propinó.
"Su familia me mostró evidencias (fotografías publicadas en la prensa) de cómo fue arrestado sin un rasguño, y cómo fue golpeado después. Es tan obvio que no es aceptable que a pesar de las evidencias no se haya suspendido a los agentes involucrados", comentó.
Hizo notar que si bien las autoridades federales, estatales y municipales se han comprometido formalmente a aplicar la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para indagar abusos, "aún no han mostrado signos de determinación para efectuar investigaciones efectivas o modificar los procedimientos y prácticas para impedir nuevas violaciones".
Khan dijo confiar en que el gobierno estatal atienda la recomendación de la CNDH y las de AI para castigar a los responsables o, de lo contrario, el gobierno mexicano deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
AI emitió 12 recomendaciones, entre ellas garantizar que la SCJN sea independiente, imparcial y exhaustiva; que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva, y que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
Además, señaló que se deben garantizar investigaciones completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante el conflicto, así como las denuncias de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos.
También solicitó garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que, al parecer, operaban en connivencia con las autoridades.
Por la mañana, la misión de alto nivel de AI, integrada por Susan Lee y Judit Arenas, directoras del Programa Regional para las Américas y de la Oficina de la Secretaría General, respectivamente, se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, así como con miembros de organizaciones civiles. En la tarde sostuvieron un encuentro con funcionarios de la administración estatal encabezados por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Replica el gobernador
Después de reunirse con Khan, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el reporte de AI es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros estatales de la APPO. "No compartimos el informe", reiteró. Y calificó las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por las víctimas de "acusaciones aventuradas y sin ningún fundamento". Expuso que AI no consideró la posición de su gobierno ni mucho menos "las voces de los oaxaqueños" afectados durante el conflicto político-social, si bien anunció que su administración castigará a los servidores públicos que hayan participado en violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Khan lamentó que el gobierno estatal no tomara con seriedad el informe de AI, y dijo que en su encuentro previo con funcionarios no tuvo ningún indicio de que se hayan iniciado investigaciones sobre las transgresiones, con el propósito de castigar a los responsables.
Antes de reunirse con Ruiz Ortiz, la secretaria general de AI dialogó con los secretarios general de Gobierno y de Protección Ciudadana, Teófilo Manuel García Corpus y Sergio Segreste Ríos, respectivamente, así como con la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos Rueda.