Atenco, recursos contra el aborto en el DF y el caso Lydia Cacho, temas primordiales

Los próximos meses serán clave para descifrar el rumbo de la Corte

Bandazos jurídicos impiden conocer la visión ideológica de ministros, dicen funcionarios

JESUS ARANDA

En sus primeros seis meses al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia "logró sacudirse la imagen conservadora y abiertamente en favor del Ejecutivo federal" de su antecesor, Mariano Azuela Güitrón, admiten funcionarios judiciales; sin embargo, los fallos del pleno continúan siendo impredecibles y, por lo general, en contra de movimientos y actores sociales que han recurrido al máximo tribunal con la última esperanza de obtener justicia.

El caso más notorio fue cuando la Corte analizó la llamada ley Televisa. En contra de todos los pronósticos, 10 ministros -José Ramón Cossío se excusó de conocer del asunto por conflicto de interés- echaron abajo, por inconstitucionales, artículos de esa legislación que permitían al duopolio televisivo refrendar automáticamente y a perpetuidad las concesiones de radio y televisión sin el pago al Estado de una contraprestación.

Asimismo, la invalidación de preceptos que permitían a Televisa y Tv Azteca incrementar su poder económico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitación ni pago al Estado por el uso del espectro radioeléctrico.

En sentido contrario, cuando la sociedad estaba en espera de que el pleno avalara el proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que se ratificaba que el gobernador de Puebla, Mario Marín, había incurrido en graves violaciones a las garantías de la periodista Lydia Cacho.

A sabiendas de que respaldar el criterio de que hubo confabulación de autoridades de Puebla y Quintana Roo, orquestada por Marín, abría la puerta para que el mandatario poblano pasara a la historia como el primer gobernante en ser sometido a juicio político, la mayoría optó por evitar el enfrentamiento político, y con el pretexto de que no se había respetado la garantía de audiencia a Marín y a otros funcionarios involucrados, la petición formal del Congreso para investigar el caso de la comunicadora, autora del libro Los demonios del Edén, fue guardado por el pleno en el cajón del olvido.

La ocasión también sirvió para que algunos ministros, como Azuela, Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, retomaran su discurso de que debía desaparecer la facultad, prevista en el artículo 97 constitucional, de que la Corte puede investigar presuntas violaciones graves a las garantías individuales.

Ante la falta de reglamentación del citado artículo, los ministros dieron el primer paso. Decidieron emitir un acuerdo que regula la actuación de las comisiones de investigación, para establecer los alcances y límites de su actuación.

El pleno acordó además que el asunto de Lydia Cacho y la investigación que lleva a cabo la comisión, formada -en marzo pasado- por dos magistrados, para indagar los hechos de San Salvador Atenco, ocurridos en mayo de 2006, tenían que ceñirse a lo que estipula el futuro acuerdo, para el cual no existe siquiera fecha tentativa de aprobación.

A pesar de que Silva Meza cuestionó abiertamente la decisión y aseveró que se estaba aplicando de manera retroactiva una disposición, la mayoría ignoró su postura y al ministro instructor no le quedó más que renunciar a dicha comisión.

Acto seguido, el pleno congeló ambas indagatorias, la de San Salvador Atenco y la de Lydia Cacho, al establecer que sólo después de que se aprobaran los lineamientos las comisiones podrían reanudar sus labores. En el segundo caso, tendrá que designarse primero a los nuevos integrantes de la comisión, quienes terminarán la investigación sobre la conducta del mandatario poblano.

La postura de la SCJN de evitar confrontaciones con los actores políticos se manifestó también en enero pasado, cuando convalidó la constitucionalidad de los centros de apuestas remotas, cuyos permisos generaron polémica por la forma en que los otorgó en su momento el panista Santiago Creel, al considerar que era "preferible" la existencia de esos lugares, regulados y supervisados por la Secretaría de Gobernación, a dejar que los apostadores acudieran a otros mecanismos, como Internet, sobre los que no hay regulación.

En enero pasado los ministros declararon válida la Ley de Juegos y Sorteos, que abre la puerta a los juegos de apuestas en las ferias regionales, prácticamente con controles mínimos.

La otra cara de la moneda quedó de manifiesto cuando por seis votos contra cinco el pleno declaró -en febrero pasado- que es inconstitucional la baja del Ejército por inutilidad, "por actos fuera de servicio", de militares con VIH-sida.

En asuntos que no estaban en juego posibles conflictos con otros poderes ni con partidos políticos, la Corte, sin embargo, aprobó diversas tesis de jurisprudencia en materia de derecho civil, particularmente en favor de las madres divorciadas que son acreedoras a pensión alimenticia; de igual forma, en relación con la validez de la prueba de ADN para demostrar la paternidad de los menores, y en favor de la igualdad jurídica plena entre hombres y mujeres.

Los próximos semestres serán definitivos para conocer la visión ideológica de los actuales integrantes del pleno y el rumbo que seguirá el máximo tribunal. Tres asuntos serán definitivos en este aspecto: la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la ley que regula el aborto en el Distrito Federal, y la decisión definitiva que adopte en los casos de San Salvador Atenco y de Lydia Cacho.