Manifiesta su preocupación por el explosivo crecimiento de esos negocios
Demanda la OCDE a México regular con más severidad la educación privada
Resalta que las instituciones educativas deben combinar la libertad y la pluralidad
Ante el "explosivo" crecimiento de instituciones de educación superior privadas, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recomiendan la construcción de marcos normativos más "estrictos y pertinentes" que permitan combinar libertad y pluralidad, con pertinencia social y estándares mínimos de calidad académica.
En distintas evaluaciones del sistema educativo nacional, ambos organismos reconocen la necesidad de consolidar mecanismos regulatorios para las universidades particulares en México -que en su mayoría también imparten el nivel de bachillerato-, debido a que no sólo atienden a algo más de 30 por ciento de la matrícula en este nivel educativo, estimada en casi 800 mil alumnos, sino también por el elevado número de familias que aportan recursos, por medio del pago de colegiaturas, que alcanza un 29 por ciento del gasto total en instituciones de formación del tercer nivel.
Al respecto, la OCDE revela en su Análisis temático de la educación terciaria, que es necesario establecer mecanismos más "estrictos" para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Reveo), pues en la actualidad las escuelas particulares representan "más de la mitad de las instituciones que conforman el sistema general".
Destaca que a pesar de que se han realizado esfuerzos por garantizar la calidad, como la aprobación en el año 2000 del Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer requisitos más estrictos en la entrega del Reveo por parte de autoridades federales, éste no es vinculante para aquellos obtenidos por organismos no federales, es decir, gobiernos estatales y universidades autónomas, por lo que resulta "preocupante" el creciente número de instituciones "pequeñas y de calidad deficiente".
A pesar de que las instituciones particulares deben obtener el Revoe para cada uno de los programas que imparten, si desean que los estudios cursados en sus aulas tengan reconocimiento en toda la República, sólo la SEP y las instituciones federales autorizadas pueden otorgar un Revoe o incorporar programas de estudio impartidos en universidades privadas con presencia en todo el territorio nacional, ya que las autoridades educativas estatales y sus órganos descentralizados de educación superior "sólo pueden hacerlo para programas de estudios impartidos en instituciones particulares ubicadas en sus propios estados".
Entre los requisitos establecidos en el acuerdo 279, con lo que se buscaba aplicar medidas más "estrictas" para la obtención del Reveo, destaca que las instituciones particulares deben acreditar la preparación de sus profesores para impartir cátedra, además de contar con instalaciones que satisfagan condiciones de higiene, seguridad y pedagogía que la autoridad determine. También es necesario que presenten los planes de estudio que impartirán. En el caso de la licenciatura, deben cumplir con un programa de aprendizaje mínimo de 2 mil 400 horas, de 300 en el caso de las maestrías y de 600 en los doctorados.
En tanto, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe señala en su estudio La educación superior privada en México, que de 1980 al 2003, el crecimiento de las universidades particulares fue "acelerado" pero reproduciendo patrones en la concentración de alumnos en licenciaturas del área social, con profesores contratados en su mayoría por horas, y no de tiempo completo, a lo que se suma una "creciente tensión entre las instituciones particulares de larga trayectoria y sin fines de lucro, y aquellas consideradas emergentes que pertenecen a redes nacionales o trasnacionales que se caracterizan por constituirse como empresas educativas con fines de lucro".
Por ello, señala que ante el sector privado de la educación "débilmente regulado por el Estado", la legislación y los instrumentos aplicados para garantizar la calidad "han sido rebasados por el ritmo y características del crecimiento explosivo del sector, lo que hace pensar en la necesidad de construir nuevas políticas y acciones regulatorias más actualizadas y pertinentes".