Carlos Montemayor /II y última

EPR

En 1990 el general Mario Arturo Acosta Chaparro publicó su informe Movimientos subversivos en México, con análisis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de tres décadas. En ese informe el general apuntó lo siguiente: "En lo que respecta al PROCUP, se puede decir que es, quizás, la organización más peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo manifiestan: actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones militares, así como de oficinas y dependencias de los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a empresas particulares en varios estados del país. Son ocho años que no se tiene información fidedigna de los miembros componentes de esta organización ni de sus actividades".

A pesar de esa falta de información fidedigna de 1983 a 1990, el general sabía, sin embargo, que el PROCUP había auxiliado al Partido de los Pobres (PDLP) y se había relacionado con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP); también, que el partido hacía circular folletos en centros de estudios sobre la guerra popular prolongada.

En efecto, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fue una de las organizaciones guerrilleras más sobresalientes y constantes. Desde su inicio contó con la participación del militante guatemalteco José María Ortiz Vides, fundador de la Unión del Pueblo, organización activa en el estado de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco, entre otras zonas, durante la década de los 70. El rasgo distintivo de Chema Ortiz Vides y de la Unión del Pueblo fue precisamente el manejo de explosivos, rasgo que caracterizó después, como lo señaló el general Acosta Chaparro, al PROCUP. Este rasgo debemos destacarlo no sólo como un dato episódico, sino como una señal de identidad y continuidad en la ulterior alianza del PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la posterior conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que constituyó el primer gran ensayo de coordinación nacional guerrillera en México.

Los recientes atentados con explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues, una demostración de la continuidad histórica de los elementos iniciales de la Unión del Pueblo y tienen como antecedente el atentado de 1994 con explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, Hidalgo. Revelan, por otra parte, objetivos precisos del EPR: primero, no provocar muertes de seres humanos; segundo, afectar solamente instalaciones estratégicas; tercero, afectar tales instalaciones porque Pemex constituye ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, un coto de interés "oligárquico" sometido a la extorsión fiscal, la corrupción y la privatización quizás irreversible.

Los atentados revelan otro dato adicional. Independientemente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse con una asesoría técnica relevante para sólo dañar instalaciones en puntos estratégicos y no provocar daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado".

Difícil saber en qué consistirán o cuál magnitud tendrán a futuro las acciones de hostigamiento "a los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo". Pero el comunicado es claro sobre la causa de tales acciones: la desaparición forzada en Oaxaca de dos de sus elementos. A este respecto debemos señalar que fue tema de dominio público la participación del EPR en el proceso de confrontación social oaxaqueño protagonizado por la APPO en 2006. Pero es necesario destacar que, en caso de que verdaderamente hubiera intervenido el EPR en las barricadas de la APPO, no intervino como fuerza armada, como organización con capacidad de fuego, como grupo insurgente que amenazara, atacara o se dispusiera a actuar con armas o con su capacidad en el manejo de explosivos demostrada ahora. En todo caso, la presunta intervención del EPR en el conflicto oaxaqueño se circunscribió a la aportación de cuadros civiles o de bases sociales, no de comandos armados. Fue, si esta participación se comprobara, una especie de diplomado, de curso intensivo de organización política y de acción de masas para los cuadros posibles eperristas y para organizaciones independientes indígenas, femeniles o magisteriales. En este sentido, podemos considerar, pues, como un episodio adicional del conflicto en Oaxaca el operativo policiaco y militar del pasado 24 de mayo en el hotel del Arbol en la capital oaxaqueña.

La investigación y el análisis del periodista oaxaqueño Pedro Ansótegui durante la última semana de mayo y los primeros días de junio le permitieron identificar que el operativo consistió en la captura de dos eperristas, uno de ellos Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quien identificó por fotografías como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, llamado también Tiburcio Cerezo por su defensa de los hermanos Cerezo.

Gabriel Alberto empleaba además otro nombre: Raymundo Rivera Bravo; en otros círculos se le llamaba, igualmente, El Gordo. Se trata de un militante de larga trayectoria: participó en el movimiento estudiantil del 68 en la UABJO, después se integró en la Unión del Pueblo, posteriormente en la formación del PROCUP-PDLP y finalmente en el EPR. Se le atribuye haber sido asesor militar de la Comandancia General del EZLN en 1994. La desaparición forzada de él y de Edmundo Reyes Amaya es una clara operación de guerra sucia.

Por otra parte, y por último, debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un "patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su desaparición total como empresa pública. Suficientes indicadores fiscales, financieros y comerciales hacen parecer inminente la privatización total de Petróleos. Su empleo como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción constante están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al desarrollo industrial y tecnológico del país. En este contexto, no carece de sentido la advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de todos los mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo".

Un efecto más de los atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones de seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores de la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia central, Medio Oriente y Africa. Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejércitos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que pueden asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalaciones diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatización de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad "antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados Unidos.

En ese caso, se trataría de la seguridad de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados o trasnacionales y no "patrimonio de todos los mexicanos". ¿Sería un paso más en la modernización de México?