Editorial
Atentados y equívocos
Tras la difusión de un comunicado firmado por la "Comandancia Militar de zona del Ejército Popular Revolucionario" (EPR) y el "Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario" (PDRP) de Guanajuato, en el que esa organización político-militar se adjudica las explosiones registradas el 5 de julio y ayer en gasoductos y oleoductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, en lo que denomina una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", el Ejecutivo federal, por medio de sendos boletines de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación (SG), reconoció de manera implícita que las afectaciones a la infraestructura de la paraestatal tuvieron un origen intencional e informó que se había ordenado el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones estratégicas del país.
Por donde quiera que se le vea, esta secuencia de acontecimientos resulta lamentable y condenable. Sin desconocer el telón de fondo de dramas sociales en el que se inspiran organizaciones como el EPR, los atentados a los ductos de Pemex son repudiables en tanto que actos violentos y violatorios de la legalidad, porque ponen en riesgo la integridad física y los bienes de personas inocentes, porque generan zozobra en las zonas afectadas y porque causan graves inconvenientes en la vida cotidiana de los habitantes y en la economía de vastas regiones.
Más allá de sus efectos inmediatos, estos sabotajes violentos resultan inadmisibles por cuanto impactan de manera negativa en las condiciones de vida de los más desfavorecidos y porque abonan el terreno a las cada vez más desembozadas tendencias autoritarias y represivas presentes en el poder público; en este sentido, el accionar del EPR puede ser fácilmente capitalizable como una coartada y un pretexto para ataques adicionales a las libertades individuales, a los derechos políticos y a las garantías constitucionales, que de por sí se encuentran ya sometidas al acoso de un estilo de gobierno basado en el recurso a la fuerza del Estado.
Desde otro punto de vista, los ataques a los ductos de Pemex atentan contra una empresa que es propiedad de todos los mexicanos, una entidad pública que padece los embates de los afanes privatizadores y que ha sido expuesta a estrategias de devastación y saqueo por parte de las últimas cuatro presidencias neoliberales; la devaluación de la paraestatal y su reducción a chatarra ha sido, precisamente, la estrategia sistemática para forzar su privatización. En esta perspectiva, los atentados eperristas constituyen una manera por demás contradictoria de "hostigar los intereses de la oligarquía"; parecen, por el contrario, estar en sintonía con tales intereses.
Por lo que respecta a las reacciones oficiales a partir de los primeros ataques, el pasado 5 de julio, el balance no puede ser más desastroso. Resulta imposible de creer que la propia dirección de Pemex y los organismos de seguridad pública y de inteligencia del gobierno fueran capaces de confundir atentados perpetrados al parecer con explosivos con "bajas de presión" o "pinchazos" u "ordeñas" efectuados en las líneas como intentos de apropiación ilegal de los combustibles que corren por ellas. El empeño puesto por funcionarios de Pemex y por la coordinadora de Protección Civil de la SG, Laura Gurza, en sostener las versiones de que se había tratado de "accidentes", sólo puede explicarse por una escandalosa y angustiante incapacidad de las autoridades para detectar ataques intencionales, o bien por un inadmisible intento de simulación y ocultamiento de la verdad a la ciudadanía.
El comunicado eperrista representa, en este estricto sentido, un golpe demoledor a la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la seguridad su tema casi único, y hasta obsesivo, pero que no es capaz de distinguir entre accidentes y ataques intencionales, o bien que no está dispuesto a informar con veracidad y transparencia a la población.