Francisco Estrada Valle y Octavio Acuña Rubio son dos activistas de lucha contra el sida asesinados salvajemente por motivos de su orientación sexual. Del primero, este mes se cumplen 15 años de aquel 12 de julio en que fue encontrado amordazado, atado de pies y manos, torturado y estrangulado. Del segundo se cumplieron el pasado 21 de junio dos años de que fue hallado desangrado en su propio establecimiento por las heridas que le produjeron siete cuchilladas.

Ambos eran abierta y orgullosamente gays, y ambos se dedicaban a impartir talleres de sexo seguro y educación sexual para jóvenes. Y, desgraciadamente, en ambos casos también la sombra de la impunidad se cierne sobre los procesos judiciales. Los dos casos están plagados de negligencia y de irregularidades en la investigación. El expediente de Francisco fue muy manoseado por los sucesivos agentes responsables de la investigación. Y la recomendación emitida en 1994 por la CNDH nunca fue atendida por la Procuraduría capitalina. En la procuraduría de Querétaro, se llegó a inventar toda una historia para hacer pasar el asesinato de Octavio como un crimen pasional, y se recurrió a la abominable tortura, según denuncias de los propios implicados, para incriminar a un supuesto asesino confeso.

Ambos casos resultan emblemáticos del tipo de crímenes de odio por homofobia. No sólo por tratarse de luchadores sociales sino porque el manejo de las investigaciones policiacas revela la manera como actúa el prejuicio homofóbico en la procuración de justicia. Debido a ese prejuicio, la mayoría de crímenes cometidos contra homosexuales permanecen impunes. La sociedad civil no debe permitir que la impunidad se repita en el caso de Octavio. Se debe dar seguimiento puntual al proceso para evitarlo.

Por esa razón, es necesario y urgente legislar al respecto, tipificar los crímenes de odio por homofobia y otros motivos en los códigos penales.