Pragmatismo e idealismo / I
Un diagnóstico. El conjunto de iniciativas de ley que ha enviado el Ejecutivo federal bajo el rubro de reforma hacendaria constituye una propuesta minimalista, incompleta y no integral. Frente a ésta se pueden explorar tres caminos. Uno es simplemente una actitud testimonial; se marca distancia con el actual gobierno con una propuesta maximalista y el mensaje concurrente es: cuando seamos mayoría en las cámaras, ésta será nuestra propuesta. Otra variante es entrar en el toma y daca, la más vulgar, pero plausible protección a la galería de monstruos que se tiene por gobernadores a cambio del voto legislativo. La tercera variante, la más inteligente y en el fondo congruente con la actividad legislativa desde los partidos en la oposición, es llevar la propuesta gubernamental más allá de sus límites mínimos hasta en tanto se logre garantizar una mayoría legislativa al tiempo que se enarbola una propuesta programática como horizonte posible de futuro.
Romper la parálisis. En mi entrega del 19 de mayo me preguntaba: ¿cómo sortear esa inercia, cómo romper la parálisis política? A partir de una iniciativa política que sea capaz por su propia naturaleza de articular instancias fragmentadas y de establecer puentes de vinculación. Para mí esa iniciativa es una reforma hacendaria no economicista. Con esto quiero decir una reforma económica consciente, y más bien deliberadamente construida por sus consecuencias políticas y no sólo económicas. Veamos primero la propuesta gubernamental en sus aciertos y en sus limitaciones.
En qué consiste la propuesta hacendaria del presidente Calderón. Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal tienen dos propósitos explícitos: aumentar la base tributaria y despetrolizar la hacienda pública en un horizonte de 20 años. De acuerdo con esta misma propuesta cuatro son los pilares fundamentales: mejorar el ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas,el federalismo fiscal, terminar con los privilegios fiscales y aumentar los ingresos tributarios. En el trasfondo el objetivo central es enfrentar los rezagos sociales en el país.
Sus ingredientes principales. Para garantizar calidad y evaluación en el ejercicio del gasto público se propone sendas iniciativas que buscan una evaluación por resultados y una ampliación de las funciones de Coneval, que surgió en el sexenio anterior como resultado de la ley de desarrollo social. Se enuncia el propósito de aumentar el gasto de inversión frente al gasto corriente, pero no se concreta. Se marca el inicio de un sistema de presupuestos plurianuales, restringidos ahora a algunas obras de infraestructura. Se amplían las facultades tributarias de los estados y municipios y se mejoran las fórmulas para las transferencias federales. Se establece el llamado impuesto a la informalidad que grava con 2 por ciento a las cuentas bancarias de más de 20 mil pesos. También se introduce el llamado CETU -contribución empresarial a tasa única- de 19 por ciento.
Sus efectos prácticos. Dos son a mi juicio los efectos de mayor importancia en estas iniciativas. Por una parte rompe la inercia ideológica de la Secretaría de Hacienda de sólo intentar una modificación tributaria a partir del IVA y, sobre todo con el CETU y el impuesto a la informalidad amplía las posibilidades de tener una información más completa y fidedigna de empresas e individuos que evade o elude el pago de impuestos.
Una propuesta ideal. En mi artículo del 19 de mayo proponía un paquete diferente integrado por cinco ingredientes: Primero, un cambio del régimen fiscal de Pemex más radical al planteado de hecho en 2005 y que en la actual propuesta supone un horizonte de 20 años, para evitar que se siga deteriorando la empresa nacional y para establecer un fondo anti-cíclico que garantice el mantenimiento de cierto ritmo de inversión pública cuando la economía presente signos de decaimiento como actualmente. A cambio Pemex presentaría al Congreso de la Unión en un año una propuesta de reforma energética; es decir, más allá de la empresa misma. Segundo elemento. Desaparición del régimen consolidado y un impuesto a las ganancias en la bolsa. A cambio de esta mayor recaudación a los más ricos el incremento de estos impuestos se canalizarían preferentemente a dos ámbitos. Un sistema de transferencias directas a la población similar al llamado ingreso mínimo ciudadano y a reforzar el sistema de seguridad pública. Tercero, creación de un sistema de monitoreo ciudadano permanente al ejercicio del gasto público tanto en el ámbito federal como en los estado desde las cámaras de diputados, pero con intervención de organizaciones ciudadanas. Cuarto, una propuesta del Ejecutivo de transformación en la composición del gasto incluyendo una reducción de los sueldos a funcionarios como parte de una racionalización programada y razonable del gasto corriente, así como un clara prioridad a la inversión sobre todo en infraestructura. El punto central empero sería la transformación paulatina de diversos programas de combate a la pobreza de carácter focalizado como Oportunidades, por un sistema universal de transferencias directas. Y quinto, una propuesta consensada de los partidos políticos para reducir sustancialmente el gasto en la política. Lo mismo se esperaría que hiciera el Poder Judicial, los institutos autónomos y los congresos locales respecto de su gasto corriente y muy particularmente del rubro de salarios y sueldos.
¿Puede desbloquear la parálisis política la propuesta gubernamental? No, porque es demasiado tímida y en cambio puede generar una situación donde vetos y contra vetos terminen por anular aun los modestos, pero reales avances que propone. Para evitarlo hay dos medidas que adicionadas a la propuesta gubernamental serían efectivas y además altamente simbólicas: el cambio en el régimen fiscal de Pemex, y un compromiso serio y verificable de reducción sustancial de sueldos y salarios de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, y en todos los poderes e instancias autónomas, incluyendo el costo de la política. Estos elementos creo que sí cambiarían la dinámica política en el país tomando como plataforma de lanzamiento una propuesta de reforma hacendaria no economicista.