Editorial
Migración: triple naufragio
El rechazo del Senado estadunidense a la iniciativa de reforma migratoria arduamente lograda por demócratas y republicanos y respaldada por la Casa Blanca significa, en los hechos, una postergación de dos años a cualquier intento por mejorar la exasperante situación de millones de trabajadores mexicanos y latinoamericanos que viven sin documentos migratorios en territorio estadunidense o que aspiran a llegar a él. La presidencia de George W. Bush ha consumido la totalidad de su capital político en su absurda y criminal "guerra contra el terrorismo", y en los 18 meses que, según el calendario político, le quedan en el cargo, no tiene otra perspectiva que mantenerse a la defensiva y padecer un desgaste mayor que el que ya sufre y una creciente incapacidad para incidir en los temas fundamentales de la agenda nacional de su país.
Para Bush, el rechazo senatorial a esa propuesta migratoria dual -legalizar a millones de indocumentados y endurecer la vigilancia en la frontera para hacer más arduas las condiciones de tránsito de los trabajadores extranjeros- constituye una derrota formidable, no sólo porque borra casi toda posibilidad de éxito para la que desde el inicio fue una de sus propuestas importantes de gobierno, sino porque evidencia y acentúa la debilidad de su presidencia hasta entre las filas de sus correligionarios republicanos, cuya ala más conservadora resultó decisiva en la derrota de la iniciativa.
Pero la votación de ayer en el Capitolio trasciende la esfera política y representa un severo fracaso para Estados Unidos en general: el país más poderoso del planeta deberá seguir viviendo, durante muchos meses, con una escandalosa contradicción entre sus leyes y las necesidades reales de su economía, sedienta de mano de obra barata para garantizar la competitividad internacional de sus exportaciones, especialmente las agrícolas.
Por supuesto, el endurecimiento de la vigilancia policial, tecnológica y hasta espacial de la frontera con México no detendrá de tajo el flujo migratorio procedente del sur, porque ello significaría condenar al estancamiento o a la parálisis a sectores enteros de la producción estadunidense. La ferocidad de la persecución a los migrantes se traducirá, simplemente, en un mayor número de muertes y en renovados sufrimientos para quienes aspiran a radicarse de manera temporal o permanente en territorio de Estados Unidos para disponer de oportunidades laborales que sus países de origen -México, entre ellos- les niegan, y la nación de destino seguirá viviendo una hipocresía estructural insalvable y una simulación sangrienta, sin poder ni querer expulsar de su territorio a los millones de trabajadores indocumentados, pero criminalizándolos y hostigándolos de manera sistemática.
La tercera derrota corresponde al gobierno de Felipe Calderón, el cual se limitó a observar el proceso de la malograda reforma migratoria con una indolencia tan manifiesta que habría podido pensarse que el asunto no le concernía a México. Ahora la cancillería calderonista se ha quedado sin tema propio en la agenda de la relación bilateral con el vecino del norte. Los otros dos grandes tópicos a tratar con Washington, comercio y seguridad, corresponden más bien a la lista de los intereses estadunidenses. El asunto más importante para la política exterior mexicana ha sido colocado por el Capitolio en la congeladora y todo indica que no saldrá de allí sino, con suerte, hasta el primer semestre de 2009, a menos que las autoridades mexicanas forzaran -y, por supuesto, tendrían, si quisieran, maneras legítimas, legales y pertinentes de hacerlo- a una mejoría perceptible en las crueles e inhumanas condiciones que la falta de documentación impone a millones de nuestros connacionales. Pero nada indica que este gobierno, que en lo sustancial mantiene las entreguistas y sumisas actitudes foxistas hacia Estados Unidos, tenga la prestancia de ánimo para intentar al menos reactivar el debate migratorio. Tenemos por delante, en suma, otros dos años de atropellos graves y sistemáticos a mexicanos, otro largo periodo de cientos de muertes anuales en la frontera común y, a lo que puede verse, muchos meses de poca carga de trabajo para la Secretaría de Relaciones Exteriores.